El directorio saliente de la petrolera estatal Petroperú aprobó, el último 5 de agosto, una nueva estructura organizacional que contemplaba cambios en puestos, niveles de responsabilidad, remuneraciones y bonificaciones, un día antes de que sus integrantes fueran reemplazados.
La modificación se concretó mientras la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) conducía el proceso de reestructuración de la empresa, encargado por el Gobierno desde diciembre de 2025 y desarrollado con el apoyo de la consultora internacional Deloitte.
Documentos difundidos este domingo por Cuarto Poder muestran que el proceso interno comenzó al menos el 8 de julio, cuando un memorándum confidencial solicitó evaluar el impacto presupuestal de modificar la estructura orgánica de la compañía.
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Un día después, el equipo de transferencia del nuevo Gobierno pidió prudencia administrativa; sin embargo, los trámites continuaron durante las siguientes semanas.
La propuesta modificaba el organigrama de la empresa y ampliaba de seis a ocho las gerencias que dependían directamente del directorio. Entre las nuevas áreas figuraban la Gerencia de Auditoría Interna, la Jefatura de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo y la Gerencia de Riesgo.
Los documentos también contemplaban modificaciones salariales vinculadas al cambio de nivel de determinados trabajadores y bonificaciones temporales para encargaturas o interinatos que superaran los 30 días.
El 23 de julio, feriado nacional, el proceso continuó con la emisión y aprobación de documentos técnicos. Uno de ellos fue firmado a las 22:51 horas y otro, relacionado con el sustento de la modificación, un minuto después.
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“Agradeceré evaluar la viabilidad legal de la propuesta, identificar los riesgos legales o contingencias que pudieran derivarse de su implementación y formular, de ser el caso, las recomendaciones que resulten pertinentes”, señala uno de los documentos.
La reorganización se produjo en paralelo a la salida de algunos funcionarios que respaldaban una política de contención del gasto y una coordinación con ProInversión. Entre ellos estuvo Rita López, quien había ejercido como gerente general, además del gerente de Finanzas.
El 5 de agosto, cerca de la medianoche, quedó aprobada la nueva estructura organizacional. Al día siguiente, 6 de agosto, la junta general de accionistas confirmó el retorno del economista Oliver Stark a la presidencia del directorio de Petroperú y el relevo de la anterior composición.
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La reestructuración de la firma está a cargo de ProInversión desde diciembre de 2025, en virtud del Decreto de Urgencia 010-2025. La entidad trabaja con Deloitte en el diseño del proceso que definirá la futura organización de la petrolera estatal.
El nuevo directorio recibe una empresa con una situación financiera crítica, con pérdidas acumuladas por 468 millones de dólares al cierre de 2025, que representaron el 54,5 % de su patrimonio.
El regreso de Stark no es bien visto por la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL), que cuestionó su designación y recordó su participación en anteriores gestiones vinculadas a propuestas de administración privada y desprendimiento de activos de la empresa estatal.
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La federación también puso en duda el anunciado “cambio de rumbo” del Gobierno, al considerar que se mantiene el mismo modelo de reestructuración, pese a que, según sostiene, no ha dado resultados verificables.
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