JNE y ONPE: cuál es el rol de cada organismo para la segunda vuelta

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) son los dos pilares del sistema electoral peruano, y sus funciones durante la segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026 ilustran con precisión por qué el modelo tripartito consagrado en la Constitución de 1993 distribuye el poder entre organismos con naturalezas radicalmente distintas: uno resuelve, el otro ejecuta. La separación no es un detalle administrativo, sino el núcleo de una arquitectura institucional diseñada para blindar los comicios frente a cualquier concentración de atribuciones.

Mientras la ONPE opera como el motor logístico de los comicios —imprime y distribuye las cédulas de sufragio, acondiciona los locales de votación, capacita a los miembros de mesa y gestiona los centros de cómputo que emiten los resultados preliminares—, el JNE actúa como la instancia judicial suprema del proceso. La regla es estricta: la ONPE carece de facultades para resolver impugnaciones, y el JNE no organiza mesas de votación. Cada organismo opera dentro de su esfera de competencia sin posibilidad de invasión recíproca.

Esa delimitación tiene consecuencias prácticas sobre el terreno. En cada local de votación conviven dos presencias institucionales con misiones distintas: la ONPE instala la mesa, entrega las cédulas y procesa el acta final; el JNE envía un fiscalizador para supervisar la legalidad de la jornada, el comportamiento de las organizaciones políticas y el cumplimiento de las normativas vigentes, entre ellas las prohibiciones de propaganda y la ley seca.

La distinción se vuelve especialmente visible en la etapa posterior a la jornada electoral. Una vez cerradas las urnas, la ONPE recibe y procesa las actas de cada mesa, digitaliza los resultados y publica el avance del conteo oficial. Sin embargo, esa cifra no es la palabra final. Las actas que presentan inconsistencias numéricas o materiales —denominadas actas observadas— pasan a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y, en última instancia, al pleno del JNE, que dictamina su validez o nulidad. Solo tras esa resolución, el conteo adquiere carácter definitivo.

La primera vuelta, un ensayo del proceso

La dinámica entre ambos organismos quedó en evidencia durante el proceso de primera vuelta del 12 de abril de 2026. Con más del 99% de actas procesadas por la ONPE, el JNE recibió 67.672 actas observadas —la mayoría correspondientes a los comicios legislativos— y resolvió el 70% de esas incidencias antes de la proclamación oficial. La elección presidencial concentró menos del 9% de las observaciones totales, lo que redujo el margen de incertidumbre sobre el resultado final del balotaje.

El 17 de mayo, el pleno del JNE formalizó en sesión solemne los resultados: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), con 2.877.678 votos (17,1%), y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con 2.015.114 votos (12%), pasaron al balotaje. La proclamación fue presidida por el magistrado Roberto Burneo, con la presencia del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Esa secuencia —conteo de la ONPE, resolución de observaciones por los JEE y el JNE, proclamación del pleno— se repetirá tras los comicios del 7 de junio.

El balotaje sin sistema digital de escrutinio

Para la segunda vuelta, la ONPE introducirá un cambio operativo relevante. Pachas confirmó que el organismo prescindirá del sistema de apoyo digital al escrutinio (STAE) en el balotaje y retornará al método tradicional de actas en papel. La justificación del funcionario fue que, con solo dos candidatos en competencia, “el proceso de escrutinio es más sencillo, más práctico, más intuitivo”. La decisión implica que el conteo inicial dependerá íntegramente del trabajo manual de los miembros de mesa, sin asistencia tecnológica en la digitación de resultados.

Esa modificación no altera las atribuciones del JNE en la fase de resolución. Las actas observadas que surjan del balotaje seguirán el mismo camino institucional: revisión en los JEE y, de ser necesario, dictamen del pleno del JNE. Burneo descartó públicamente cualquier posibilidad de anular la elección o convocar comicios complementarios, y ratificó que el calendario institucional se mantendrá sin alteraciones.

La proclamación presidencial y el rol final del JNE

La proclamación del presidente electo —prevista para el 28 de julio de 2026— corresponde exclusivamente al JNE. El organismo es el único con atribución constitucional para emitir el acta oficial de proclamación y extender las credenciales al ganador. Ese acto marca el límite formal de las funciones electorales de ambas instituciones: la ONPE concluye su misión con el procesamiento total de actas; el JNE, con la entrega de credenciales.

Dos organismos con orígenes en épocas distintas

El origen de esta arquitectura electoral se remonta a dos momentos históricos separados por más de seis décadas. El JNE fue creado el 26 de mayo de 1931 mediante el Decreto Ley 7177, durante la Junta Nacional de Gobierno presidida por David Samanez Ocampo, como respuesta a la necesidad de contar con un árbitro independiente del Ejecutivo y del Congreso. Hasta entonces, ambos poderes controlaban los comicios de forma irregular. Su autonomía constitucional quedó establecida en la Constitución de 1933.

La ONPE, por su parte, nació con la Constitución de 1993, que dividió las funciones del antiguo sistema electoral para evitar que una sola entidad concentrara la organización técnica y la fiscalización legal. El organismo organizó su primer proceso de forma autónoma en las elecciones municipales de 1995, año en que el modelo tripartito —JNE, ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)— quedó plenamente operativo.