Migrantes en Perú accederán a atención médica gratuita y apoyo psicológico con nuevo programa regional “Pasos Seguros”

El proyecto regional “Pasos Seguros” inició oficialmente sus acciones en el Perú con el objetivo de garantizar el acceso a servicios gratuitos de salud sexual y reproductiva para personas migrantes en tránsito, especialmente mujeres, niñas y población LGBTIQ+. La iniciativa, impulsada por la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) y ejecutada en el país por INPPARES, también busca reforzar la prevención y atención de casos de violencia basada en género (VBG) en zonas de alta movilidad humana como Tumbes, Tacna y Lima.

El lanzamiento del programa ocurre en medio de un escenario marcado por el incremento de los flujos migratorios en Sudamérica y el endurecimiento de las políticas de control fronterizo en la región. En el Perú, donde viven más de 1,2 millones de ciudadanos venezolanos según datos del INEI, organizaciones humanitarias advierten que miles de personas migrantes enfrentan dificultades para acceder a atención médica, métodos anticonceptivos y orientación frente a situaciones de violencia o discriminación durante sus trayectos migratorios.

Atención gratuita y acompañamiento para personas migrantes en tránsito

Uno de los ejes centrales de Pasos Seguros es garantizar que las personas migrantes puedan acceder a servicios de salud sin que la condición migratoria se convierta en una barrera. En la práctica, esto implica ofrecer atención gratuita en zonas de paso y, al mismo tiempo, ampliar el acceso a servicios con precios diferenciados en distintas sedes del país, entre ellas Chiclayo, Chimbote y Lima, específicamente en Los Olivos y San Juan de Lurigancho.

INPPARES informó que incluso las personas en situación migratoria irregular podrán recibir atención en cualquiera de sus sedes, sin restricciones. Ese detalle resulta clave dentro de un contexto en el que muchas personas evitan acercarse a un establecimiento de salud por temor, desinformación o por la falta de documentos. En este caso, el proyecto apunta a reducir esas barreras y a garantizar una respuesta más cercana para quienes necesitan orientación, prevención o tratamiento oportuno.

La implementación en Perú contempla acciones de orientación gratuita y atención directa en Tumbes y Tacna, dos puntos estratégicos por su condición de zonas fronterizas y de tránsito migratorio. Desde allí, el proyecto busca acompañar a personas que llegan en medio de trayectos largos, condiciones precarias o situaciones de vulnerabilidad que suelen deteriorar su salud física y emocional.

Además del acceso a consultas, el programa prevé la entrega de métodos anticonceptivos, tamizajes de salud y una articulación con organizaciones locales para ampliar las redes de atención humanitaria. El objetivo es que las personas migrantes encuentren una respuesta integral que no se limite a una sola consulta, sino que permita dar continuidad a su atención en distintos puntos de la ruta.

Violencia basada en género y riesgo humanitario en la ruta migratoria

El proyecto también pone el foco en uno de los problemas más graves que enfrentan las personas en movilidad humana: la violencia basada en género. Según datos de ONU Mujeres, cerca del 50% de las mujeres en movilidad enfrenta algún tipo de violencia durante el tránsito, una cifra que refleja la magnitud del riesgo al que están expuestas muchas personas que viajan solas, con sus hijos o en condiciones de alta precariedad.

En el caso peruano, el fenómeno migratorio tiene una dimensión particularmente sensible. De acuerdo con información de la INEI, en el país residen más de 1,2 millones de personas venezolanas, lo que convierte a esta población en el principal grupo migrante extranjero dentro del territorio nacional. Esa realidad convive con un escenario de tensión en la frontera entre Perú y Chile, donde en los últimos meses se han registrado mayores desafíos humanitarios por el incremento de personas migrantes varadas y por el endurecimiento de los controles migratorios en la región.

Frente a ello, Pasos Seguros plantea un trabajo articulado entre organizaciones de siete países de América Latina: Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Honduras, Venezuela y México. El consorcio liderado por IPPF busca asegurar que la atención no se corte en la frontera y que una persona pueda continuar su proceso de cuidado en otro país sin perder seguimiento ni protección.

En el Perú, la intervención de INPPARES incluye también el manejo y derivación segura de casos vinculados a VBG, una línea de trabajo que será reforzada con campañas informativas y comunitarias. Estas acciones buscan que las personas migrantes identifiquen rutas de ayuda, sepan dónde acudir y puedan acceder a orientación confiable cuando enfrenten situaciones de riesgo, abuso o agresión.

Para el periodo 2026-2027, la institución proyecta atender alrededor de 3 mil personas migrantes en servicios de salud sexual y reproductiva y gestionar más de 780 casos de violencia basada en género con acompañamiento y derivación segura. A ello se sumará el desarrollo de campañas de prevención y educación orientadas a reducir riesgos, fortalecer el acceso a derechos y promover entornos más seguros para una población que muchas veces transita por el país sin redes de apoyo estables.