Perú aparece junto a Venezuela y Nicaragua en lista de países que amenazan libertad de expresión, advierte Amnistía Internacional

Perú ha sido incluido junto a Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Ecuador entre los países de América Latina que vienen impulsando normas consideradas restrictivas para las organizaciones de la sociedad civil. Así lo advirtió Amnistía Internacional durante la presentación de su informe “Rompiendo el tejido social: El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas”, donde se analiza el avance de medidas que, según la organización, afectan derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el acceso a la justicia.

La organización internacional sostuvo que estas disposiciones legales no solo limitan el trabajo de colectivos ciudadanos y defensores de derechos humanos, sino que también se desarrollan en escenarios marcados por una mayor concentración de poder y discursos hostiles hacia voces críticas. En el caso peruano, el foco principal se encuentra en la modificación del marco regulatorio de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), aprobada en 2025, una norma que ha generado preocupación entre organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos.

Leyes restrictivas y preocupación por el trabajo de organizaciones civiles en Perú

De acuerdo con el informe presentado por Amnistía Internacional, existe un patrón común en varios países de la región: la aprobación de leyes que aumentan los mecanismos de control sobre organizaciones sociales, especialmente aquellas vinculadas a la defensa de derechos humanos, la transparencia y el acompañamiento jurídico a víctimas.

En Perú, la modificación de la ley de la APCI ha sido señalada como una medida que expone a las organizaciones civiles a un control que califican como “arbitrario y desproporcionado”. Según la organización, esto afecta directamente a colectivos que representan a víctimas de graves violaciones de derechos humanos, quienes muchas veces no cuentan con recursos económicos para afrontar procesos judiciales.

Entre los casos mencionados figuran las familias de las víctimas fallecidas durante las protestas registradas entre 2022 y 2023, así como personas afectadas por las esterilizaciones forzadas ocurridas en décadas anteriores. Diversas organizaciones brindan acompañamiento legal en estos procesos y, según el informe, las nuevas restricciones podrían debilitar esa labor.

Amnistía Internacional también advirtió que esta situación ocurre en un contexto de cuestionamientos a la independencia de organismos autónomos y del sistema de justicia peruano. Además, mencionó la promulgación de la Ley 32419, relacionada con la amnistía para responsables de violaciones de derechos humanos, como otro elemento que genera preocupación por un posible retroceso en la lucha contra la impunidad.

La organización explicó que las entidades de la sociedad civil cumplen funciones clave dentro del tejido social. Muchas de ellas documentan presuntos abusos estatales, brindan asesoría legal a víctimas, acompañan procesos en comunidades indígenas afectadas por actividades extractivas y ofrecen soporte a sobrevivientes de violencia de género.

También desempeñan un rol importante en la promoción de la transparencia pública y en el seguimiento de casos de interés nacional. Por ello, Amnistía Internacional advirtió que cualquier debilitamiento de estas organizaciones puede impactar directamente en la capacidad de la ciudadanía para exigir justicia y acceder a información.

Alertan impacto en el periodismo y aumento de discursos contra voces críticas

Otro de los puntos destacados del informe es el efecto que este tipo de normas tendría sobre el ejercicio del periodismo y el derecho de la población a recibir información. La organización indicó que, en distintos países analizados, las leyes restrictivas fueron precedidas por campañas de estigmatización contra organizaciones sociales, activistas y defensores de derechos humanos.

Según el documento, autoridades y sectores políticos afines comenzaron a utilizar calificativos como “enemigos internos”, “agentes extranjeros” o “antipatrias” para referirse a organizaciones civiles. Esta narrativa, indicó Amnistía Internacional, alimentó la desconfianza social y generó un clima de intimidación.

Jennie Dador, directora de Amnistía Internacional Perú, sostuvo que estas prácticas no solo afectan a organizaciones defensoras de derechos humanos, sino también al trabajo periodístico y a la pluralidad de voces en una democracia.

“En diferentes grados, estas leyes están consolidando autoritarismos y un ambiente de desconfianza social que fomenta la autocensura y genera intimidación sobre voces críticas. Además, impacta el ejercicio del periodismo que es muy importante para que una sociedad acceda a su derecho a la información”, señaló.

La representante también advirtió que este escenario puede favorecer la impunidad y reducir los mecanismos de fiscalización pública. Según explicó, una sociedad civil debilitada limita la posibilidad de exigir rendición de cuentas a las autoridades y afecta el acceso de la población a información relevante sobre asuntos públicos.

El informe añade que, en varios países de la región, los discursos contra organizaciones sociales estuvieron acompañados de expresiones racistas y misóginas, lo que habría incrementado el clima de temor y autocensura entre activistas y colectivos ciudadanos.

Frente a este panorama, Amnistía Internacional pidió al Estado peruano revisar y modificar las normas que, según sostiene, vulneran la libertad de asociación y los derechos fundamentales. Asimismo, exhortó a las autoridades a evitar discursos estigmatizantes y a no criminalizar el trabajo de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.

La organización remarcó que el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a la participación ciudadana son elementos fundamentales para garantizar el acceso a la justicia, la transparencia y la protección de derechos en el país.