
La Fiscalía de la Nación archivó la investigación preliminar contra la vacada expresidenta Dina Boluarte por presunta falsedad genérica, por supuestamente haber permitido que terceros firmaron a su nombre resoluciones del Ejecutivo en 2023.
Así lo informó el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, mediante su cuenta en X (antes Twitter). “La investigación señalaba que Dina Ercilia Boluarte Zegarra, incurrió en falsedad al simular o alterar intencionalmente la verdad, aparentando la autenticidad de actos oficiales consistente en la suscripción de diversas normas durante el periodo comprendido del 29 de junio al 09 de julio de 2023, cuando -según la tesis fiscal- se encontraba supuestamente imposibilitada físicamente de realizarlo, luego de una intervención médica recaída en ella”, informó.
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Se trata de la investigación contra la exmandataria por presuntas firmas falsificadas en normas oficiales cuando se estaba recuperando de una cirugía estética realizada por el médico Mario Cavani.

Según la defensa de Dina Boluarte, la investigación determinó que las firmas supuestamente adulteradas “corresponden al puño y letra de la expresidenta, siendo estas auténticas y originales, según informe pericial de documentología forense”.
Juan Carlos Portugal también indicó que, para la Fiscalía, no existió “mandato ni prescripción médica que haya determinado la imposibilidad física o invalidante de permitirle realizar sus funciones durante dicho periodo”. Es decir, que no hubo una orden de descanso médico.
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“Existe evidencia documental y testimonial, obtenida durante la investigación que acreditó la participación activa de Dina Boluarte Zegarra en las decisiones de Estado”, comunicó el letrado.
El caso
Durante su gestión, Dina Boluarte fue investigada por la presunta emisión de normas con firmas que no le corresponderían, en un periodo en el que se encontraba en reposo médico tras una cirugía estética a finales de junio de 2023. El caso se concentra en la autenticidad de las firmas en documentos oficiales, entre ellos el Decreto Supremo N.º 017-2023-SA, publicado el 29 de junio de 2023, que modificó el manual de advertencias publicitarias exigidas por la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. También figura la resolución que aceptó la renuncia del entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Manuel Gómez de la Torre.
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La controversia se amplificó cuando la exasistente presidencial Patricia Muriano declaró ante la Fiscalía que tres decretos fueron publicados con firmas falsas de la mandataria, durante los días posteriores a su intervención quirúrgica. Muriano señaló que Boluarte no se encontraba en condiciones de firmar documentos oficiales entre el 28 de junio y el 10 de julio de 2023, y que las rúbricas en las normas expedidas durante ese periodo no coincidían con la firma habitual de la presidenta.
Un peritaje grafotécnico, solicitado en el marco de la investigación, concluyó que las firmas en cuestión no provenían del puño gráfico de Boluarte. El especialista Julio Espejo ratificó que las diferencias en los trazos permiten determinar que no fue la mandataria quien firmó el Decreto Supremo N.º 017-2023-SA ni otras cartas vinculadas al caso.
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La Comisión de Fiscalización del Congreso recomendó la vacancia de Boluarte por “incapacidad moral permanente” debido a la falta de notificación formal de alejamiento temporal del cargo y a la emisión de resoluciones durante su convalecencia.
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