El sector de transporte urbano de Lima y Callao permanece en estado de indignación y reafirma que continúa “en pie de lucha”, tras anunciar que acatarán un paro este 2 de junio, ante la exclusión del subsidio estatal para mitigar el alto precio del diésel.
Así lo expresó Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, en una entrevista difundida por Exitosa, tras oficiliarse hoy decreto de subsidio al combustible que incluye solo a los de carga pesada e interprovincial.
Vargas manifestó la profunda insatisfacción del gremio frente a la decisión gubernamental de excluir al transporte urbano de Lima y Callao del mecanismo de devolución por la compra de combustible.

“Con bastante indignación, porque sabíamos que iban a salir dos decretos de urgencia, uno vinculado al sector de carga y el interprovincial, y el otro para el urbano de Lima y Callao. (...) Nosotros estamos excluidos de recibir el subsidio vía el mecanismo de devolución por la compra de combustible, porque a nosotros se nos debería subsidiar por kilómetro recorrido. Sin embargo, no ha salido este decreto de urgencia”, dijo.
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Dudas por la gestión
El reclamo de Vargas se centra en la ausencia de comunicación y de acciones concretas por parte de las autoridades. Según relató, durante la reunión del pasado 15 de abril se establecieron dos actas: una para el subsidio de transporte de carga y otra para el transporte urbano.
En esa ocasión, de acuerdo su relato, se acordó que este último recibiría un subsidio calculado en función del kilómetro recorrido, con montos específicos para minibuses, microbuses y ómnibus.

Además, Vargas cuestionó que, a pesar de haberse definido el mecanismo y de haberse encargado a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) la implementación, el decreto correspondiente no fue promulgado.
“Ese es el reflejo del tipo de autoridades que tenemos, ¿no? Porque en todo caso, si hubiera alguna dificultad de carácter técnico para sacar el decreto de urgencia, deberían salir y decirnos: ‘Tenemos esta dificultad, pero no se preocupen, va a salir’. No nos dicen nada. Lo peor es eso. Refleja el nivel de insensibilidad de parte de nuestros gobernantes”, puntualizó en Exitosa.
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Mecanismos y responsabilidades
El dirigente explicó que el trabajo para definir el subsidio se realizó durante tres meses, involucrando a diferentes entidades y sectores. Detalló que la ATU fue designada para operar el subsidio para el transporte urbano, mientras que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) mantiene la competencia sobre el resto de los sectores.
Esta decisión, según Vargas, genera aún más incertidumbre, ya que la ATU no tiene injerencia sobre el transporte de carga interprovincial, pero sí recibió la responsabilidad de gestionar recursos para el subsidio.

“Si nosotros que somos el transporte urbano, dependemos de ATU y no estamos en el decreto de urgencia y otros sectores que no están bajo el régimen administrativo sí están, les decimos a las autoridades: ‘¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ha sucedido?’”, enfatizó el presidente de la Coordinadora.
Crisis estructural
Durante la entrevista, Vargas insistió en que el conflicto trasciende la cuestión del combustible y responde a una problemática estructural: la inseguridad y la presencia de sicariato han generado una escasez de conductores, lo que ha afectado la operatividad del sector.
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El dirigente sostuvo que la flota de transporte urbano opera actualmente al 30 o 40 por ciento de su capacidad.
“Hoy día las flotas están trabajando con el treinta, cuarenta por ciento. Ya lo hemos referido y esa es la razón por qué hemos pedido un subsidio, no porque nosotros seamos malos empresarios y hayamos hecho malas cosas. (...) Hoy día que no tenemos conductores por culpa del gobierno que no hace su labor de erradicar a estos sicarios, estos delincuentes, pues les decimos: señores, estamos en una situación que ya hemos quebrado, no pagamos nuestras deudas, necesitamos un apoyo del Estado, porque la responsabilidad es de ustedes”, manifestó.

Expectativa
Al ser consultado si la eventual promulgación del decreto resolvería el conflicto, Vargas respondió que el sector únicamente exige la salida del otro decreto de urgencia y que no buscan perjudicar a la ciudadanía.
Explicó que el subsidio solicitado no está vinculado a la subida del precio de los pasajes, sino a la emergencia ocasionada por la falta de conductores y el endeudamiento de las empresas.
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“Nosotros no queremos hacer paros, no queremos perjudicar a la ciudadanía”, afirmó el dirigente, quien reiteró que el transporte urbano “es un sector importantísimo para la economía del país”.
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