
La gestión del presidente interino José María Balcázar se alineó con el proyecto de Renovación Popular y derogó los “Lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI) para la Educación Básica”, con lo cual deja fuera toda alusión a la ESI en el currículo nacional.
El Ministerio de Educación oficializó la Resolución Viceministerial N° 085-2026-MINEDU el último viernes, mediante la cual aprobó los nuevos “Lineamientos para la Educación Sexual con base científica, biológica y ética” (ES-CBE).
Esta norma, que recibió críticas de sectores políticos y activistas, define la ES-CBE como un proceso orientado al desarrollo de competencias para que los estudiantes comprendan y vivan su sexualidad “de manera saludable, responsable y acorde a su etapa de desarrollo”. El enfoque se sustenta en evidencia proveniente de ciencias de la salud, biología, psicología, sociología y otras disciplinas, bajo principios éticos, imparcialidad y rigor científico.
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Los lineamientos propuestos abordan la educación sexual en tres dimensiones: la biológica (aspectos anatómicos y fisiológicos del cuerpo), la socioafectiva (vínculos y relaciones afectivas, con énfasis en el respeto y la convivencia democrática) y la ética-moral (pensamiento crítico y respeto de derechos humanos).

Manuel Siccha, primer regidor abiertamente gay de Lima, calificó la medida como “un gravísimo retroceso”, puesto que entre esos “Lineamientos para la Educación Sexual con base científica, biológica y ética se esconde el cumplimiento de la Ley 32535″, impulsada por la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) y diseñada para suprimir toda referencia a la ESI en el currículo.
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“El argumento formal apela a la ‘biología’ y la ‘ciencia’, pero en la práctica, extirpar la ESI desprotege a la niñez y adolescencia. La ESI no es solo biología; es prevención de la violencia, reconocimiento del cuerpo, consentimiento y respeto a la diversidad”, afirmó el activista en un pronunciamiento publicado en X.
“Borrar lo integral de la educación sexual es una contrarreforma de sectores antiderechos desde el Congreso. Lo que realmente se encubre bajo este marco biologista es la legitimación de la discriminación y el desmantelamiento de herramientas clave contra el abuso infantil”, advirtió.
El exministro de Educación Ricardo Cuenca también alertó sobre el impacto de la nueva normativa. “El cambio parece técnico. No lo es. La nueva política redefine qué violencias reconoce el Estado y cuáles deja de proteger. La norma de 2021, que aprobé en mi gestión, se sustentaba en evidencia internacional, un diagnóstico técnico y un marco de derechos”, expuso en la misma red social.
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“La nueva no surge de una evaluación de resultados. Surge de un mandato político: la Ley 32535 ordena eliminar toda referencia a la ESI. El nuevo documento crea una denominación sin antecedente internacional: ‘Educación Sexual con base científica, biológica y ética’ (ES-CBE). UNESCO, UNFPA y OPS siguen usando educación sexual integral. Cambiar el nombre no es actualizar el concepto. Es reemplazarlo”, sostuvo.
Cuenca remarcó que la política derogada protegía de manera específica a estudiantes frente a la violencia por orientación sexual e identidad de género, dimensiones que quedan fuera del nuevo marco normativo.
“La paradoja central es esta: la nueva norma cita datos más recientes y reconoce 59 casos diarios de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Pero al mismo tiempo elimina parte del marco conceptual diseñado precisamente para abordar esas violencias. Desaparece la violencia escolar por orientación sexual e identidad de género, el enfoque de igualdad de género como eje transversal y las dimensiones política, legal, histórica y cultural de la sexualidad. No es una simplificación técnica. Es una decisión sobre a quiénes proteger”, subrayó.
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“La política educativa no cambió porque aprendimos algo nuevo sobre educación sexual. Cambió porque cambiaron las correlaciones de fuerza. Esa es la diferencia entre una reforma técnica y una operación política presentada con lenguaje técnico. Una política que cita evidencia internacional para justificarse, pero elimina el marco que esa misma evidencia recomienda, no es política basada en evidencia. Es legitimidad prestada para un recorte de derechos”, sentenció.
Por su parte, la congresista Sigrid Bazán denunció que el Ministerio “acaba de ceder ante la agenda conservadora y retrógrada de Renovación Popular”, lo que significa un “peligroso cambio”, ya que “invisibiliza a miles de estudiantes y debilita herramientas fundamentales para prevenir violencia, abuso, bullying y discriminación en las aulas”.
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