
La congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular), quien en el pasado generó una ola de repudio por jactarse de haber fundado un albergue donde se obliga a menores sobrevivientes de violación a continuar con sus embarazos, plantea eliminar el delito de feminicidio y sustituirlo por la figura de “asesinato de pareja”, una propuesta que, según asociaciones judiciales y colectivos feministas, constituye un “grave retroceso” que favorece la impunidad.
La Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM) y la Asociación Peruana de Mujeres Juezas (APMJ) difundieron un comunicado en el que rechazan la iniciativa, al subrayar que el feminicidio responde a una violencia estructural contra las mujeres en contextos de discriminación y subordinación.
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De acuerdo con el pronunciamiento, “la sustitución del delito por una figura de aparente neutralidad, como el ‘asesinato de la pareja’, implica invisibilizar la especificidad de la violencia de género, así como desarticular un sistema normativo que no solo sanciona el hecho, sino que permite comprenderlo, investigarlo y juzgarlo adecuadamente en su contexto”.
En la misma línea, Promsex expresó preocupación por el avance del proyecto de ley 10342/2024-CR, al señalar que excluiría situaciones clave, como crímenes perpetrados por exparejas o desconocidos, y reforzaría la impunidad.

La organización destacó que el feminicidio sanciona asesinatos “motivados por razones de género en distintos contextos” y que su eliminación “agravaría las limitaciones del sistema de justicia para identificar y sancionar estos delitos como expresión de desigualdad y discriminación de género”.
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Ambos comunicados coinciden en que el feminicidio “no es una categoría arbitraria, sino una respuesta técnica y jurídica reconocida a nivel nacional e internacional”. En ese sentido, advierten que su supresión “debilitaría la respuesta institucional frente a la violencia machista, pondría en riesgo los avances en justicia social y obstaculizaría el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.
“Eliminando el feminicidio no solo se pierde información clave para dimensionar la violencia, sino que se agrava la desprotección y el riesgo para la vida de las mujeres”, alertó Promsex.
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Por su parte, la directora del feminista Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Liz Meléndez, señaló en Exitosa que esta propuesta forma parte de “un paquete de medidas que la congresista ha impulsado en los últimos años para retroceder en materia de igualdad”.

Recordó que el delito de feminicidio se incorporó al Código Penal en 2011, en un inicio limitado a relaciones de pareja, y que en 2013 se amplió debido a estadísticas que evidencian que la violencia letal contra mujeres ocurre tanto dentro como fuera de esos vínculos.
“Las estadísticas señalan que las mujeres asesinadas en un contexto de violencia machista no necesariamente lo son solo en relaciones de pareja. Hay casos emblemáticos como el de Eyvi Ágreda, quien fue atacada por un acosador”, explicó.
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El proyecto de ley de Jáuregui busca, en rigor, “sancionar por igual al hombre o mujer que asesina a su pareja cuando existen contextos similares, no haciéndose diferenciaciones en base al sexo de las víctimas, sino en base a la gravedad del delito cometido”.
Sin embargo, Meléndez cuestionó ese enfoque. “Lamentablemente, esta congresista niega que exista lo que conocemos como violencia machista o violencia de género. Para su pensamiento, es lo mismo lo que sufren las niñas que luego son asesinadas, o la violencia sexual en las calles, que una persona asesinada por un robo. No es lo mismo. La violencia contra las mujeres basada en relaciones de género tiene que ver con un contexto de exclusión que se mantiene y se reproduce”, sostuvo.
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