Elecciones 2026: ONPE excluye a Galaga del proceso para el transporte del material de la segunda vuelta

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la exclusión de la empresa Galaga S.A.C. del proceso de contratación para el transporte del material electoral en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, una decisión adoptada tras los incidentes logísticos registrados en la primera vuelta.

De acuerdo con lo informado por TV Perú, la entidad electoral busca evitar la repetición de retrasos y complicaciones que marcaron la jornada del 12 de abril.

La ONPE modificó los términos de referencia para la contratación del servicio de transporte, estableciendo en la segunda vuelta una reducción significativa en el número de vehículos propios requeridos.

El nuevo proceso solicita únicamente 20 vehículos, en contraste con los 40 exigidos en la primera vuelta. Esta directriz ha despertado inquietudes entre especialistas y actores del proceso electoral, ya que el alcance nacional de la jornada obliga al traslado de grandes volúmenes de materiales a diferentes regiones del país.

La exclusión de Galaga se produce después de que la compañía fuera señalada como responsable de desórdenes logísticos que dificultaron la entrega oportuna de material en el proceso previo.

Según TV Perú, el abogado de la empresa, Cristian Castillo, aseguró que Galaga intentó reincorporarse al proceso mediante una autoinvitación y manifestó que la empresa no ha recibido los pagos correspondientes por los servicios brindados en la primera vuelta.

“Han invitado a otras empresas, y nosotros nos hemos auto invitado solos porque hemos consultado, hemos hecho observaciones a las consultas... Hasta ahora no nos han pagado un sol”, declaró Castillo.

Cambios en la logística

De acuerdo con la información difundida por Exitosa, el nuevo proceso de contratación incluye variaciones en los tipos de vehículos permitidos para el traslado del material electoral y elimina el transporte de equipos informáticos, lo que representa otro cambio respecto a la primera etapa.

A pesar de estas modificaciones, las mismas oficinas de la ONPE que supervisaron la labor de Galaga S.A.C. serán responsables de fiscalizar a la empresa finalmente seleccionada para la segunda vuelta.

La decisión de reducir la flota de vehículos ha generado controversia, pues persisten dudas sobre la capacidad logística para cumplir con los estrictos plazos y la cobertura nacional que implica la elección. Voces críticas advierten que limitar la cantidad de unidades podría incrementar el riesgo de retrasos o complicaciones en la entrega de documentación electoral.

Auditoría y vulnerabilidades

Exitosa reportó que, en paralelo a los ajustes logísticos, la ONPE implementó nuevas medidas de seguridad en sus sistemas informáticos. Entre febrero y abril, la empresa Strategos llevó a cabo un proceso de “hacking ético”, es decir, simulaciones controladas de ataques cibernéticos para detectar puntos débiles en la infraestructura digital de la institución.

El informe resultante identificó 50 vulnerabilidades en los sistemas, varias de ellas clasificadas como de alto riesgo. El hallazgo más grave fue la existencia de un servidor sin contraseña, situación que permitía el acceso irrestricto a cualquier usuario en la red interna. El reporte resalta la urgencia de fortalecer los protocolos de seguridad para proteger la integridad del proceso electoral.

Recuperar espacio

Mientras la ONPE sostiene su decisión de excluir a Galaga S.A.C. en busca de restablecer la confianza en la logística electoral, la empresa insiste en su intención de brindar el servicio y reclama el pago por los trabajos realizados en la primera vuelta.

Según TV Perú, la compañía presentó observaciones y consultas al proceso, reiterando su interés en participar, pese a las críticas públicas y la negativa institucional.

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se prevé para el 7 de junio. Las determinaciones adoptadas por la ONPE continúan bajo el escrutinio de diversos actores políticos y de la ciudadanía, atentos a que las medidas logísticas y tecnológicas permitan garantizar una jornada transparente y eficiente.