La lucha contra la minería ilegal volvió a cobrar fuerza en Lima con una reciente medida judicial que busca golpear los activos del crimen organizado. La Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio obtuvo la incautación de una barra de oro doré valorizada en más de 2 millones de soles, en el marco de una investigación por presunto origen ilícito del mineral. La medida, de carácter urgente, fue autorizada por el Poder Judicial tras el requerimiento del fiscal provincial Luis Aguirre Naupari.
El metal precioso, de 5.77 kilogramos y con un valor económico aproximado de S/ 2 003 713.92, fue identificado como propiedad de Aracelly Gonzales y de una empresa privada con sede en Puno, ambas sometidas a investigación por su presunta vinculación con operaciones de minería ilegal y comercio irregular de oro.
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De acuerdo con la indagación patrimonial, dirigida por la fiscal adjunta provincial Cecilia Pérez Breña, no se presentó documentación que acreditara la procedencia lícita del mineral ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Por el contrario, el análisis de los registros aduaneros reveló una serie de movimientos que fortalecen la hipótesis del Ministerio Público sobre el origen ilícito del oro.
La medida cautelar se enmarca dentro de las acciones de la Fiscalía de Extinción de Dominio, instancia encargada de recuperar bienes vinculados a delitos graves como la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción.
Indicios de exportaciones a través de intermediarios
La investigación detectó que, aunque Aracelly Gonzales no figura como exportadora directa de mineral, entre abril de 2024 y julio de 2025 se identificaron 34 Declaraciones Aduaneras de Mercancía (DAM) registradas a nombre de 31 intermediarios. Entre ellos figura la empresa privada también incluida en la investigación fiscal.
Estos documentos suman un total de 168.7 kilogramos de oro exportados, por un valor que supera los 15 millones de dólares. Los envíos tuvieron como principales destinos la India y consignatarios radicados en Emiratos Árabes Unidos, dos mercados que en los últimos años han concentrado buena parte de las exportaciones auríferas de procedencia sospechosa.
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Recuperación de activos a favor del Estado
La Fiscalía de Extinción de Dominio mantiene las diligencias en curso con el propósito de consolidar las pruebas que permitan recuperar los activos presuntamente vinculados al delito.
El Ministerio Público destacó que las medidas de incautación, como la ejecutada sobre la barra de oro doré, son esenciales para frenar las ganancias de las redes dedicadas a la extracción y comercialización ilegal de minerales. Además, estas acciones forman parte de un esfuerzo sostenido por fortalecer la trazabilidad y control sobre la cadena productiva del oro, desde su extracción hasta su salida del país.
Canales para denunciar actividades ilícitas
- Policía Nacional del Perú (PNP): A través de la línea 105, disponible las 24 horas, la ciudadanía puede denunciar de manera directa cualquier indicio o actividad sospechosa relacionada con minería ilegal. El personal policial está preparado para canalizar la información recibida hacia las unidades especializadas y coordinar intervenciones en el lugar de los hechos.
- Ministerio Público: Las denuncias sobre delitos de minería ilegal pueden ser presentadas de forma presencial en cualquier sede fiscal del país, especialmente ante una Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). También está habilitada la plataforma virtual https://denuncias.minp.gob.pe/, donde los ciudadanos pueden ingresar detalles, evidencias y ubicación de los hechos. La FEMA tiene a su cargo la investigación y persecución jurídica de estos delitos ambientales.
- MINAM: El Ministerio del Ambiente atiende consultas y denuncias sobre minería ilegal a través de correo electrónico en atencion-ciudadania@minam.gob.pe. Los reportes recibidos se derivan a las áreas pertinentes para su investigación y fiscalización ambiental.
- Defensoría del Pueblo: Quienes detecten actividades de minería ilegal pueden comunicarse con la Defensoría del Pueblo mediante la línea gratuita 0800-15170 o acudir a las oficinas distribuidas en todo el país. La institución orienta sobre los pasos a seguir, debe garantizar la confidencialidad de la información y hace seguimiento de los casos ante las autoridades responsables.
Recuerda que se recomienda presentar información precisa y, de ser posible, documentación o evidencias que faciliten las investigaciones y las acciones frente a la minería ilegal.
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Esta actividad ilícita ya cobré la vida de varios ciudadanos en diversos sectores por la dispuesta de terrenos.
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