Extorsión en Lima se vuelve más violenta: víctimas son secuestradas, sometidas a maltratos y grabadas para forzar pagos

Un reciente operativo de la Policía Nacional del Perú reveló una nueva modalidad de extorsión en Lima, donde bandas delictivas, conformadas principalmente por delincuentes vinculados al Tren de Aragua, recurren al secuestro y el sometimiento violento de quienes se niegan a pagar el denominado “cupo”.

El caso más reciente, expone la violencia que enfrentan comerciantes de rubros como billares y bodegas, quienes, tras resistirse al pago, son privados de su libertad, agredidos y grabados en video para intensificar la presión sobre su entorno y forzarlos a cumplir con las exigencias económicas.

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), detalló en diálogo con Latina Noticias que las exigencias iniciales de estos grupos ascienden a 5.000 soles por “vacuna” o empadronamiento, suma que puede aumentar hasta los 10.000 soles si la víctima no accede a los pagos semanales exigidos bajo amenazas.

Entre los casos recientes figura el de un ciudadano dominicano que administraba un billar y fue secuestrado al negarse a la extorsión. Según el general Revoredo, su entorno amical y familiar recibió audios y videos que documentan los maltratos sufridos por la víctima, método empleado para ejercer una coacción psicológica intensa.

Cómo funciona la nueva modalidad: amenazas, secuestro y presión con videos

Los delincuentes de este esquema criminal actúan en sectores como El Agustino, el Cercado de Lima y zonas conexas. Inicialmente, extorsionan a propietarios de pequeños comercios exigiendo la “vacuna”, cuyo incumplimiento desencadena la privación de la libertad. Tras el secuestro, someten a la víctima a maltratos físicos y psicológicos y registran el abuso en video, material que posteriormente distribuyen entre amistades y familiares del secuestrado.

Revoredo precisó a Latina Noticias que el pago inicial de 5.000 soles sirve como “empadronamiento”, pero si la víctima se retrasa o deja de pagar las cuotas semanales previamente registradas en los cuadernos de la banda, la deuda se incrementa y se recurre al secuestro violento. En uno de los episodios investigados, los delincuentes exigieron entre 7.000 y 10.000 soles por liberar al rehén.

Los secuestradores suelen emplear viviendas alquiladas de manera informal por ciudadanos peruanos, quienes omiten toda verificación administrativa. Estos inmuebles funcionan como “guaridas”, permitiendo a la banda mantener cautivas a las víctimas sin ser detectados fácilmente.

Según el general Revoredo, la mutación de los métodos extorsivos responde a la presión policial sobre las células criminales del transporte público, lo que ha impulsado la diversificación de las actividades ilícitas hacia la informalidad interna de los barrios vulnerables.

Caso en investigación: víctima dominicana sigue desaparecida tras violento secuestro

Las víctimas de esta modalidad de secuestro son, principalmente, pequeños empresarios y trabajadores extranjeros y peruanos dedicados a actividades informales o semi informales. Destacan como blanco los administradores de billares, bodegas, paraderos de transporte y espacios deportivos, especialmente quienes han formado asociaciones para la explotación de estos negocios.

En el caso bajo investigación por la División de Homicidios de la Dirincri, la persona secuestrada es un dominicano, cuyo paradero aún está en proceso de localización, tras hallarse pruebas de una lesión grave en el lugar de su cautiverio mediante una pericia de luminol. El operativo también permitió rescatar en el Cono Norte a otros dos ciudadanos—esta vez de nacionalidad venezolana—quienes habían sido objeto de un secuestro similar, uno de los cuales resultó herido en la extremidad inferior.

La organización criminal detrás de estos hechos, conocida como Los Herederos del Tren, está integrada en su mayoría por jóvenes de entre 17 y 20 años, según información recabada por Latina Noticias. El general Revoredo explicó que estos individuos muestran ausencia total de expectativas de vida y son reclutados por jefes delictivos vinculados a agrupaciones transnacionales como el Tren de Aragua. Parte de ellos recibe instrucciones directas desde el exterior, aprovechando las fronteras permeables entre países.

Un rasgo distintivo en la consolidación de este esquema es la tolerancia administrativa de arrendadores locales, quienes facilitan viviendas sin control de antecedentes ni garantías, generando condiciones propicias para la instalación de células criminales y la perpetración de delitos como los secuestros atípicos.

La respuesta policial ha logrado neutralizar células de “Los Gallegos”, “Los Hijos de Dios”, la “Dinastía Layón” y la “Costa 905”, según reportó Revoredo. Sin embargo, la migración de jóvenes delincuentes y el cambio de estrategia criminal representan nuevos desafíos para la seguridad urbana de Lima, donde el trabajo articulado entre la policía, la fiscalía y la comunidad resulta esencial para frenar el avance de estos grupos.