Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y exalcalde de Lima, calificó como “fraude” el reciente proceso electoral en el Perú durante una entrevista en el programa Sin Rodeos por Panamericana TV. El político advirtió que no asumirá el cargo de senador si no se realiza una auditoría independiente sobre los resultados y responsabilizó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por lo que considera “graves errores logísticos” y falta de acción frente a las denuncias.
Rafael López Aliaga lanza dura crítica contra órganos electorales
La declaración se dio en un contexto de alta tensión política tras los comicios del 12 de abril, cuyos resultados preliminares han sido cuestionados por diversos sectores. López Aliaga sostuvo que “más de un millón de peruanos no pudo votar”, cifra que contradice los informes oficiales de la ONPE, los cuales aseguran que el ausentismo fue menor. Según el candidato, esta situación justifica la realización de una elección complementaria y pone en duda la legitimidad de los resultados finales.
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Durante la entrevista, López Aliaga manifestó: “Me siento extrañado de la falta de apoyo de todos los políticos que están viendo lo mismo”, reiterando su percepción de irregularidades a gran escala. Para el excandidato presidencial, el derecho al voto constituye el pilar fundamental de la democracia y su vulneración deslegitima todo el proceso. “El primer derecho de una democracia es votar. Elegir y ser elegido. Si eso no se respeta, no estamos hablando de democracia”, afirmó ante cámaras el último domingo.
¿Puede renunciar al cargo de senador?
El candidato de Renovación Popular ha confirmado que en este contexto no juramentará al cargo de senador y alegó que el proceso electoral ha sido ensombrecido por Piero Corvetto. Confirmó que es su postura y que ello no aplica a los demás miembros de su partido político.
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Un experto en política al ser consultado detalló que no es ilegal tomar dicha medida y el Jurado Nacional de Elecciones deberá elegir a su sucesor para que ocupe dicho escaño.
Criticas a ONPE y cuestionamientos al número de ausentismo el 12 de abril
El dirigente de Renovación Popular rechaza las cifras oficiales de la ONPE, que reportaron cerca de 80 mil personas afectadas por el ausentismo, y asegura que su propio análisis técnico revela un universo mucho mayor de afectados. Sostiene que “no son ochenta mil. Hay más de un millón, incluso podrían ser más”, señalando que la diferencia entre ambos números sería decisiva en la configuración del resultado electoral.
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López Aliaga fue enfático al denunciar un supuesto entramado de fraude electoral, responsabilizando de manera directa a las autoridades del sistema electoral peruano. “El señor nos ha robado”, indicó en referencia al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto. El líder político aseguró que, de no haberse producido las irregularidades que denuncia, habría obtenido un mejor resultado que otros candidatos, incluyendo a Keiko Fujimori. “Si respetan la voluntad popular, aun con mis errores, llego a más votos que Keiko Fujimori”, subrayó.
Sus denuncias se fundamentan, de acuerdo con sus propias declaraciones, en un análisis técnico de la base de datos electoral. “Han dejado la base de datos como una casa sin llave”, expresó, aludiendo a la supuesta vulnerabilidad del sistema y la posibilidad de manipulación de actas y votos. Uno de los puntos centrales de su acusación gira en torno al ingreso de votos sin respaldo documental. “Primero ingresaban los votos y después el acta. Eso es ilegal, es delito gravísimo contra la voluntad popular”, sostuvo. Según López Aliaga, este patrón se habría repetido en miles de actas y añade que se ha detectado la creación de una “serie 900 mil” de actas, lo que representaría hasta un millón de votos “virtuales”.
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El político también denunció irregularidades logísticas en la distribución del material electoral. Señaló que “han enviado cédulas el mismo día de la elección, como si fueran volantes de chifa. Eso nunca ha pasado en la historia del Perú”, y criticó el cambio de locales de votación para numerosos ciudadanos, quienes habrían tenido que desplazarse distancias considerables para ejercer su derecho al voto. “Le cambias el centro de votación a una persona y se lo pones a 25 kilómetros. Eso es una maniobra”, afirmó en Panamericana TV.
Posición frente al Jurado Nacional de Elecciones
Respecto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), López Aliaga instó a la institución a abstenerse de proclamar los resultados y exigió la formación de un equipo auditor independiente. “Depende mucho de lo que decida el Jurado Nacional de Elecciones en estos días; todavía se puede rectificar. Lo que estoy denunciando ya está en manos del Jurado Nacional de Elecciones, pero si este persiste en no realizar una auditoría seria y rápida y proclama los resultados, se estaría cometiendo un golpe contra el sistema democrático. Aquí el único responsable de avalar este entramado sería Roberto Burneo Bermejo”, declaró.
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El político sostuvo que, si no se realiza la auditoría solicitada, no asumirá el cargo de senador y dejará que un accesitario cubra su lugar. “En estas condiciones ni loco. Yo no juramentaré porque sería avalar lo sucedido y no lo voy hacer. Tengo un accesitario que entrará a cubrir mi sitio”, declaró, reafirmando su postura de no legitimar un proceso que considera viciado.
La polémica ha escalado en el escenario político peruano, con el JNE y la ONPE bajo presión para justificar el proceso y responder a las denuncias. El jefe del JNE, Roberto Burneo, ya ha sido citado por el Congreso para explicar las fallas logísticas reportadas, aunque no asistió a dicho llamado. Mientras tanto, persiste la incertidumbre respecto a la validez de los comicios y la posible realización de una auditoría independiente.
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Las autoridades electorales no han respondido públicamente a las acusaciones en los términos planteados por López Aliaga, aunque han defendido la transparencia y legalidad del proceso. Por su parte, sectores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil han solicitado que se esclarezcan las denuncias y se garantice el respeto a la voluntad popular.
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