Elecciones 2026: ¿Es viable implementar una auditoría internacional a los sistemas de la ONPE?

La proximidad de la segunda vuelta de las elecciones generales en Perú ha intensificado el debate sobre la transparencia electoral, luego de que las principales asociaciones empresariales solicitaran a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) una auditoría íntegra de los sistemas informáticos empleados en los comicios del 12 de abril. Los gremios empresariales insisten en que una revisión independiente de los programas utilizados es clave para restaurar la confianza ciudadana tras la aparición de irregularidades.

Esta demanda ha sido articulada en dos pronunciamientos distintos por al menos diez agrupaciones empresariales, entre ellas la Sociedad Nacional de Industrias, ADEX, la Cámara de Comercio de Lima y la Confiep.

Pedido de gremios empresariales

La presión de los gremios empresariales se sustenta en la percepción de una crisis institucional agravada por los cuestionamientos a la integridad del proceso electoral ocurrido el pasado 12 de abril. Los comunicados advierten que las irregularidades detectadas vulneran el derecho constitucional al sufragio y debilitan la legitimidad de las instituciones.

Las organizaciones manifestaron su “enérgico rechazo ante las irregularidades públicamente evidenciadas” y exigieron la contratación de “una firma auditora de reconocido prestigio internacional” para examinar todos los sistemas informáticos utilizados por la ONPE. Los gremios propusieron, además, la implementación de un “control concurrente integral” a lo largo de todo el proceso electoral.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) amplió la solicitud en su propio pronunciamiento, reclamando la intervención de la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. La Confiep exigió que la auditoría se realice de forma independiente y que las instituciones involucradas garanticen la transparencia de los procedimientos.

El respaldo de Keiko Fujimori

El llamado de los empresarios ha encontrado eco en el ámbito político. Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, expresó su respaldo a la auditoría y consideró que “toda medida que pueda corregir los errores de la ONPE será importante de cara a analizar los resultados de primera vuelta y, sobre todo, de cara a la segunda vuelta”. Fujimori Higuchi destacó la importancia de que el proceso de auditoría se concrete antes del balotaje del 7 de junio.

Abogados respaldan pedidos de gremios privados

Desde la perspectiva técnica y legal, abogados consideran que la auditoría resulta pertinente, aunque advierten sobre los desafíos que implica su realización en tan corto plazo. José Tello, exministro de Justicia y experto en derecho electoral, valoró la iniciativa empresarial porque no promueve teorías de fraude ni exige elecciones complementarias.

“Es positivo que hayan solicitado una auditoría a los sistemas informáticos de la ONPE”, afirmó Tello, y subrayó que “todos los programas que se utilizaron para las elecciones, para el antes, durante y el conteo de los votos, tienen que ser revisados, se le debe dar tranquilidad a la ciudadanía”. El especialista aclaró que este proceso no interfiere con el conteo de resultados de la primera vuelta, pero advirtió que “es muy complicado” completarlo antes de la segunda vuelta. “El tiempo debe ser estimado por un experto en temas informáticos”, enfatizó.

En línea similar se expresó Erick Iriarte, abogado especialista en derecho digital, quien sostuvo que “todos los softwares que desarrolla el Estado deben pasar por una auditoría”. Iriarte resaltó que la ONPE empleó múltiples sistemas informáticos, por lo que la revisión debe abarcar la totalidad de los programas utilizados y no limitarse a la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE). “Una primera pregunta a hacerle a la ONPE es cuáles son todos los sistemas que usaron para las elecciones. La auditoría es todos los softwares y no solo a uno”, indicó el jurista.

Iriarte también señaló que la duración de un proceso de auditoría depende de la complejidad tecnológica de los sistemas y del criterio de los peritos digitales. “A priori, no te puedo decir cuál será el tiempo. Es importante que se entienda que los procesos electorales son de toda la ciudadanía, la ONPE tiene que fomentar auditorías públicas y abiertas y mejorar sus mecanismos de transparencia”.

Un factor clave que podría evitar la auditoría

Enzo Elguera, abogado especializado en derecho electoral y CEO de Imasolu, precisó que la decisión de realizar una auditoría corresponde únicamente a la ONPE. Elguera explicó que, aunque los gremios empresariales pueden exhortar, no tienen capacidad ejecutiva sobre los sistemas empleados por el organismo electoral. Añadió que, incluso con financiamiento extraordinario, la contratación de una firma auditora requeriría un proceso de licitación internacional, lo que dificulta una resolución previa al 7 de junio. Según Elguera, la Contraloría, a través del órgano de control interno, puede “colocar los reflectores sobre los softwares que utilizó la ONPE”, pero solo está facultada para hacer recomendaciones.

Elguera valoró la auditoría como un mecanismo saludable para validar el proceso electoral y fortalecer la institucionalidad democrática: “Evidentemente, no hubo una sistematización para cambiar la voluntad popular, este proceso puede fortalecer a las instituciones electorales, que recordemos son la columna vertebral para sostener la democracia”.

Una salida complicada

Las organizaciones empresariales han delineado una hoja de ruta que incluye la auditoría independiente y un control concurrente integral antes, durante y después de la segunda vuelta. Solicitan que la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informen con claridad sobre las medidas adoptadas para garantizar la transparencia y el correcto conteo de los resultados. Los gremios demandan también la divulgación del estado de las actas impugnadas y la constatación de la integridad de los programas informáticos empleados.

De acuerdo con los especialistas, la viabilidad de una auditoría completa antes del balotaje es baja debido a los plazos administrativos y técnicos requeridos. No obstante, coinciden en que una revisión independiente de los sistemas fortalecería la legitimidad democrática y contribuiría a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones. El próximo 7 de junio, la atención estará puesta tanto en los resultados de la segunda vuelta como en las garantías de transparencia de los procesos tecnológicos gestionados por la ONPE.