El coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de Asuntos Sociales de la Policía Nacional, reveló que la banda criminal La Nueva Generación operaba bajo un esquema de venta fraudulenta de terrenos en El Agustino y Ate, utilizando documentos falsos y extorsión para obtener pagos continuos de personas en situación vulnerable interesadas en acceder a una vivienda.
Durante el operativo realizado en ambos distritos, se detuvieron a tres personas y se allanaron cuatro viviendas en las que se incautaron más de 50 certificados de posesión y títulos de propiedad con irregularidades. Según Exitosa, entre las personas detenidos se encuentra el suboficial Manuel Baltazar Solórzano, efectivo policial sindicado de pertenecer a esta organización criminal.
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Los otros dos presuntos criminales capturados fueron identificados como Yhony Germán Claros Taipe, quien sería el cabecilla de este grupo criminal; y Anabel Cuya Juypa, quien estaría encargada de apoyar en la ejecución de amenazas y el cobro de cupos extorsivos.
Granadas y mensajes extorsivos
En uno de los inmuebles allanados, la Policía Nacional decomisó una granada de uso manual acompañada de un mensaje extorsivo. Según Montúfar, este elemento “probablemente sea para... en algún momento sea derivado a alguno de los propietarios del bien que en algún momento lo habrían vendido”, lo que refuerza la hipótesis sobre la modalidad violenta empleada por el grupo.
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El coronel explicó a Exitosa que el procedimiento de la banda consistía en vender terrenos y, después, quienes no pagaban las cuotas bajo la ficticia información de estar gestionando trámites para la titularidad, eran extorsionados. La mecánica implicaba ofrecer viviendas o terrenos presuntamente disponibles y justificar pagos adicionales bajo promesas falsas de legalización ante los registros públicos, sin realizar realmente estas gestiones.
El monto solicitado a las víctimas por estos trámites fraudulentos ascendía a 500 soles, cantidad que podía ser impuesta de forma diaria, semanal, quincenal o mensual, según el relato oficial recogido en el lugar. Montúfar agregó que en algunos casos los pagos eran “consecutivos” e incluso en un solo día la exigencia se repetía dos veces.
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La organización actuaba desde hacía aproximadamente 3 años en la zona, generando un expediente fiscal que ya incluye denuncias acumuladas de al menos cinco personas afectadas, hecho que motivó la reciente orden judicial de allanamiento, detención e incautación de documentos.
El uso de violencia y las amenazas como mecanismo de extorsión
Montúfar detalló que, además de la falsificación de documentos y la estafa, el operativo evidenció amenazas directas hacia quienes se resistían a pagar o a ceder los inmuebles. “Si no pagas las cuotas que ellos ya deben haber acordado, simplemente te destierro, te saco u obligo a que tú lo vendas o simplemente te amenazo para que se retire”, dijo Montúfar a Exitosa.
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La investigación de la Policía Nacional incluyó la incautación de una gran cantidad de documentos en los domicilios intervenidos, lo que permitirá, según el coronel, “dar un avizoramiento” de la estrategia delictiva aplicada por la banda y del posible involucramiento de personas con funciones en entidades públicas.
La estructura de la organización y la investigación en curso
Montúfar precisó que durante el allanamiento, la orden judicial de allanamiento, detención e incautación de documentos recaía sobre cuatro personas: “Una de las personas que también estaba con una medida de detención no ha sido hallada en el domicilio”, afirmó. De los inmuebles allanados, tres corresponden a El Agustino y uno a Ate.
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De acuerdo con el coronel, una de las viviendas pertenecía o estaba en alquiler a la pareja del presunto cabecilla de la organización, individuo que fungía como brazo logístico y de apoyo, y quien, según las denuncias, era la encargada de solicitar de manera amenazante el dinero requerido.
Tras el tercer contacto con Exitosa, la Policía Nacional indicó que la investigación se encuentra en una etapa inicial. Los documentos incautados serán clave para determinar el alcance y las conexiones de la banda, incluido el posible vínculo con funcionarios del sector público.
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