Ministerio Público investiga más de 70 denuncias por irregularidades en la ONPE durante las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y varios de sus ex y actuales funcionarios enfrentan actualmente una investigación penal a menos de un mes de la segunda vuelta electoral. La Fiscalía Anticorrupción anunció una reconstrucción detallada de los procedimientos previos a los comicios del 12 de abril, tras recibir nuevas denuncias por presunta falsificación de firmas y discrepancias en contrataciones, en el marco de presuntos delitos de favorecimiento contractual y fraude electoral.

El 23 de abril, un representante de Renovación Popular formalizó ante la Fiscalía una denuncia acompañada de un dictamen grafotécnico y una lista inicial de 59 actas sospechosas de adulteración de firmas en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Áncash y Apurímac. La presentación se amplió el 27 de ese mes con dos listados adicionales de 236 actas y 291 actas observadasm, según informó el programa periodístico Punto Final.

Entre los documentos figura el acta 900090, correspondiente a la elección en El Cenepa, Amazonas, en la que se advierten supuestas inconsistencias en los nombres registrados como miembros de mesa; investigaciones periodísticas constataron, sin embargo, que los datos coinciden con los del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Sobre las firmas de los votantes, los casos de María Cubas Huilcamango, Lenny Villalobos Góngora, Royber Juntantuc Yabuit, Erika Campos Gómez y Jordan Peñas Estela quedaron en revisión para un peritaje oficial, luego de que se verificó que las rúbricas de las actas observadas presentan similitudes o diferencias respecto a las constancias registradas en el Reniec.

75 denuncias contra ONPE por supuestas irregularidades

En total, hasta el momento se cuentan 75 denuncias formales vinculadas a supuestas irregularidades electorales. El fiscal Reynaldo Abia informó que la investigación aplicará una metodología de «ingeniería inversa» sobre cada contrato, acta y decisión.

“Lo que estamos tratando de ver es toda la ingeniería de los procedimientos que se han realizado y el producto final que ha llevado a toda esta situación. En base a esa información que nos está suministrando la ONPE, todas las otras instituciones están haciendo las interrogantes para poder identificar o detectar dónde habrían los puntos débiles o las presuntas irregularidades, si no es que hay delito”, afirmó Abia a la prensa.

La investigación fiscal alcanzó la revisión de designaciones y contrataciones dentro de la ONPE. La hipótesis central es que Piero Corvetto, exjefe del organismo, nombró a José Samamé Blas como gerente de gestión electoral pese a su falta de experiencia en el área operativa. Posteriormente, Samamé designó a Juan Antonio Phang Sánchez como subgerente de producción electoral. Según la Fiscalía, ambos “jugaron un rol clave en la elaboración de requerimientos técnicos y términos de referencia”, supuestamente adaptados para beneficiar a la empresa Gálaga.

El Ministerio Público advierte una discrepancia objetiva en la capacidad de la empresa adjudicataria: Gálaga presentó una nómina de 70 conductores, aunque la planilla electrónica de febrero de 2026, consultada en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), solo acredita 13 empleados y 20 prestadores de servicios, para un total de 33 personas. Esta diferencia, para la Fiscalía, pondría en duda la operatividad real de la compañía durante la elección.

El fiscal Reynaldo Abia resaltó el enfoque de la pesquisa: “Lo que estamos haciendo en líneas generales es articular y sumar a lo que todos queremos: descubrir la verdad, no solamente si ha habido incidencias o irregularidades en el ámbito administrativo o quizás sospechas de la presencia de delitos”. Así lo declaró al medio Punto Final.

Inspección de dispositivos revela nuevos indicios en el proceso electoral

Durante la ejecución del contrato de transporte electoral, la Fiscalía señala que Samamé mantuvo vigente el acuerdo a pesar de inconsistencias entre la capacidad ofertada y la realmente ejecutada, sin disponer correctivos. El rol de Juan Phang Sánchez y otros funcionarios es objeto de investigación por su presunta validación y tolerancia de la deficiente prestación del servicio, la eventual manipulación de resultados y la posible permisividad ante irregularidades administrativas.

Tras la detención de Samamé el 13 de abril, se incautó su teléfono iPhone 17, lo que permitió, días después, descubrir una conversación activa desde esa línea durante el allanamiento efectuado en Lince el 24 de abril. Para la Fiscalía, este hecho puede indicar acceso ilegítimo al dispositivo, uso simultáneo de líneas o respaldo digital.

El análisis de mensajes y teléfonos permitió identificar coordinaciones reiteradas entre Phang Sánchez, Hilda Ottoya Alvarado y William García Velázquez, a pesar de que Ottoya debía garantizar controles autónomos del servicio. Además, la Fiscalía detectó la presunta alteración digital del acta de inicio de servicio, fechada el 10 de abril de 2026.