Auditora electoral contratada por ONPE fue inhabilitada y no tiene sede física: solo oficinas virtuales y teléfonos desconectados

La empresa auditora M&T Internacional, contratada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para revisar los sistemas de votación de las elecciones generales del pasado 12 de abril, tiene antecedentes de inhabilitación, carece de sede física y registra fallos en sus canales de contacto, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder.

Aunque la ONPE defendió públicamente la trayectoria de su contratista y descartó antecedentes disciplinarios, una resolución revelada por el programa dominical desmiente esa versión: la empresa recibió 11 meses de suspensión temporal por haber presentado “información inexacta”.

Erick Morán, gerente general de la firma, afirmó que su compañía tiene presencia en Perú y Chile, así como más de 140 clientes en diecinueve años. Sin embargo, no pudo precisar la dirección de la oficina chilena. “No me acuerdo”, respondió ante la consulta.

Al pedirle el dato, sugirió “llamar y preguntar”, aunque, según el reportaje, los números telefónicos publicados en la página web, tanto de Lima como de Santiago, se encuentran fuera de servicio o no reciben llamadas.

Cuarto Poder acudió al domicilio fiscal declarado en Chacarilla del Estanque, en el distrito limeño de Surco, pero allí solo opera un coworking dedicado a la recepción de documentos. “Nosotros solamente hacemos recepción de documentos y notificamos todo lo que llega para él”, dijo una entrevistada.

Consultado sobre la sede real de la auditora, Morán admitió que se trata de “una oficina virtual” contratada “a raíz de la pandemia”, y mencionó que los alquileres en ese distrito suelen ser costosos.

Uno de los requisitos para firmar el contrato con la ONPE consistía en acreditar una facturación superior a cuatro millones de soles, un monto que la firma asegura superar ampliamente, sin presentar pruebas documentales.

La compañía, clasificada como PYME para criterios tributarios y laborales, obtuvo el contrato para la auditoría tras ser seleccionada entre 19 empresas nacionales y 11 internacionales convocadas por el ente electoral, que considera suficiente este proceso para descartar la auditoría adicional propuesta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Escrutinio

Con el 99,5 % del escrutinio, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) tiene garantizado su lugar en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio, al obtener el 17,17 % de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) tiene el 11,99 % y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) el 11,91 %, separados por apenas unos 15.000 votos a falta de revisar unas 200 actas de Lima, donde el exalcalde es el candidato más votado.

La diferencia entre el segundo y el tercer postulante es de 15.748 votos, cuando resta por resolver la votación de 653 actas enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y una adicional pendiente, de acuerdo con la plataforma de resultados de la ONPE.

Así, mientras Fujimori y Sánchez encabezaban sendos mítines marcados por el día de la madre, López Aliaga realizaba otro también en Lima para elevar la presión sobre las autoridades electorales, al insistir en su reclamo de someter los comicios a una auditoría internacional y celebrar elecciones complementarias, con una jornada de votación supletoria para quienes no pudieron votar el 12 de abril.