Premier Luis Arroyo asegura que rescate de USD 2.000 millones a Petroperú no usará recursos públicos: ¿de dónde saldrán los fondos?

El Gobierno peruano anunció la creación de un vehículo de propósito especial para canalizar hasta 2.000 millones de dólares en financiamiento internacional a favor de Petroperú, bajo la administración directa de ProInversión.

En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, aclaró que el Decreto de Urgencia 003-2026, publicado esta mañana, no representa un rescate tradicional ni implica el uso de recursos del Tesoro Público.

El nuevo mecanismo permitirá que la petrolera estatal acceda a deuda privada internacional con condiciones inéditas para el sector público en el país.

¿Un nuevo modelo financiero para Petroperú?

Como primer paso, Petroperú contará con 500 millones de dólares disponibles de forma inmediata, monto que forma parte de la línea total de 2.000 millones y que será administrado bajo un fideicomiso externo operado por ProInversión.

Según lo explicado en la conferencia, estos fondos estarán destinados exclusivamente a la compra de crudo y al abastecimiento de combustibles. El objetivo es proteger el dinero público y establecer reglas estrictas para el uso del financiamiento.

Durante la presentación, Luis Arroyo remarcó que el Estado actuará únicamente como garante contingente: solo responderá ante la banca internacional si Petroperú no cumple con sus obligaciones al cabo de 7 años.

“Por primera vez, el financiamiento no vendrá del Tesoro. No se tocará ni un sol de los impuestos de los peruanos. Los fondos serán financiados por la banca privada internacional, canalizados a través de un fideicomiso que será controlado por ProInversión, con una garantía no financiera del Ministerio de Energía y Minas”, afirmó el premier.

A su turno, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, señaló que el financiamiento no afectará los fondos de electrificación rural ni otras partidas públicas, y que la línea de crédito será de uso exclusivo para la operación.

Condiciones y plazos del financiamiento

Luis del Carpio, director ejecutivo de ProInversión, explicó que la operación se estructurará mediante una sociedad de propósito especial, subsidiaria de Petroperú, y un fideicomiso bajo control de ProInversión.

“El financiamiento funcionará como una línea de una tarjeta de crédito, permitiendo a la empresa acceder a los recursos según sus necesidades operativas”, explicó.

La primera parte del financiamiento, por hasta 500 millones de dólares, se habilitará en las siguientes dos semanas, y el saldo restante hasta completar los 2.000 millones estará disponible entre ocho y diez semanas después.

El directorio y la gerencia general de Petroperú deberán ejecutar las acciones necesarias para implementar el esquema financiero en un plazo máximo de cinco días hábiles, de acuerdo con la instrucción de ProInversión.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, resaltó la importancia de la medida para asegurar el abastecimiento de combustibles en regiones vulnerables como la Amazonía, donde la presencia estatal es fundamental.

Además, Ayasta aseguró que los recientes cambios en la gerencia de Petroperú son temporales y forman parte del proceso de reorganización para implementar el nuevo esquema de supervisión y control financiero.

Implicancias para la empresa y el sector energético

Las autoridades explicaron que la medida responde a la crisis internacional de precios de hidrocarburos y a la situación financiera crítica de Petroperú, que enfrenta problemas de liquidez y restricciones de financiamiento privado.

El esquema busca garantizar la continuidad operativa de la petrolera, recomponer inventarios y cubrir capital de trabajo, sin recurrir a fondos públicos directos ni afectar otras prioridades estatales.

El Decreto de Urgencia 003-2026 tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Durante ese periodo, ProInversión deberá aprobar los protocolos para canalizar y administrar los flujos financieros, bajo estricta supervisión y control estatal.