Congreso de la República del Perú enfrenta posible embargo por fallido proyecto satelital revelado en Cuarto Poder: “Es un escándalo”

Lo que comenzó como un ambicioso proyecto tecnológico impulsado por el Congreso de la República del Perú para ampliar el alcance de su señal televisiva terminó convertido en un millonario conflicto legal que hoy amenaza incluso con el embargo de las cuentas del Parlamento.

El informe periodístico emitido este 10 de mayo en el programa Cuarto Poder reveló cómo la compra e instalación de antenas satelitales derivó en arbitrajes, sentencias judiciales y una deuda que el Parlamento todavía no paga.

La historia de las antenas instaladas parcialmente sobre el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre expone no solo errores técnicos y administrativos, sino también años de silencio institucional, recursos públicos comprometidos y una controversia que sigue creciendo mientras los equipos permanecen abandonados en una azotea del centro histórico de Lima.

Antenas abandonadas y casi dos millones de soles comprometidos

Todo se remonta al año 2018, durante la gestión de Daniel Salaverry, cuando el Congreso apostó por modernizar la señal de su canal institucional mediante la construcción de una estación terrena satelital. El objetivo era ambicioso: transmitir los debates parlamentarios y sesiones plenarias no solo a nivel nacional, sino también hacia distintos puntos del continente, ampliando radicalmente la cobertura del Canal Congreso.

La iniciativa buscaba que las intervenciones de los parlamentarios llegaran a cientos de operadores de cable y permitieran mostrar el trabajo legislativo en tiempo real a miles de ciudadanos. Para ello, el Parlamento destinó una inversión de un millón novecientos veinticinco mil seiscientos noventa y dos soles, dinero público que debía financiar la implementación de un moderno sistema de antenas parabólicas y equipos de transmisión.

Según el contrato de compraventa firmado el 15 de octubre de 2018, la empresa Río Pacífico S.A.C. fue la encargada de ejecutar el proyecto. La compañía inició las labores de instalación meses después y colocó parte de los equipos en la azotea del edificio congresal. Sin embargo, cuando llegó el momento de ensamblar la antena principal —la más grande y pesada de toda la estructura— surgió un problema que cambiaría por completo el destino del proyecto.

El error técnico que paralizó el proyecto del Congreso

El enorme plato satelital solicitado por el Congreso incumplía las normas urbanísticas del centro histórico de Lima y además superaba los límites estructurales permitidos para un edificio monumental protegido. “No era posible ni el tamaño, ni el peso, ni la instalación propiamente”, explicó Raúl Ubidia, gerente general de Río Pacífico S.A.C.

La situación dejó en evidencia una falla grave en la planificación del proyecto. De acuerdo con los representantes de la empresa contratista, el Congreso nunca advirtió que las especificaciones técnicas solicitadas violaban las disposiciones del casco histórico protegido por la UNESCO y por las normas del Ministerio de Cultura.

“A nivel del TR no especificaba más que montar una antena de transmisión de siete punto tres metros, la cual no se consideró que incumplía unas normas por la parte de afectación del casco histórico, por un tema de la UNESCO”, sostuvo Jorge Amorós, accionista de Río Pacífico S.A.C.

Consultado sobre si el Congreso conocía las limitaciones técnicas y urbanísticas antes de aprobar el proyecto, Amorós fue contundente. “Definitivamente no lo supo, porque nosotros como compañía recibimos un TR que es preciso, específico en la provisión de cierta infraestructura y hemos cumplido con ello”, afirmó.

Ministerio de Cultura frenó instalación de antena principal

El problema explotó oficialmente el 3 de junio de 2019, cuando el Ministerio de Cultura del Perú negó la licencia de instalación. El documento advertía que la estructura propuesta no podía colocarse sobre el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre debido a su tamaño, peso y afectación visual al centro histórico de Lima.

La decisión paralizó prácticamente el proyecto. Parte de las antenas ya habían sido instaladas y diversos equipos tecnológicos permanecían dentro de las instalaciones del canal del Congreso, pero la pieza principal jamás pudo ser ensamblada.

Las imágenes de enormes estructuras abandonadas sobre la azotea terminaron convirtiéndose en símbolo del fracaso administrativo del proyecto. Siete años después, las antenas permanecen como “chatarra tecnológica” visible desde distintos puntos de la Plaza Bolívar. “Es un escándalo y, sobre todo, que todo el hardware, todos los equipos están tirados ahí. No presta el servicio que debería darnos a todos los peruanos”, señaló Jorge Amorós. Cuando se le preguntó qué ocurrió con los equipos abandonados, respondió sin rodeos: “Ahí se quedaron”.

“¿Quién le devuelve el dinero a los peruanos?”

“Son chatarra, sí. ¿Y quién le devuelve el dinero a todos los peruanos? Porque el dinero del Congreso no es de los congresistas, el dinero del Congreso es de todos los peruanos. Debe haber un responsable. ¿Quién aprobó ese expediente técnico?”, cuestionó Daniel Salaverry, una de las voces incluidas en el informe de Cuarto Poder.

A lo largo de estos años, distintas mesas directivas pasaron por el Congreso sin solucionar el problema. Desde la presidencia de Daniel Salaverry desfilaron múltiples gestiones parlamentarias mientras el proyecto permanecía paralizado y bajo absoluto hermetismo institucional.

Según los representantes de Río Pacífico, funcionarios del Congreso intentaron durante meses encontrar soluciones alternativas para salvar la inversión. Una de las propuestas era trasladar la antena principal hacia otros predios alejados del Palacio Legislativo.

“Un equipo por parte del Canal Congreso exploró opciones, pero estas eran inviables. Una era instalar la antena principal en un predio que está en la avenida Argentina y el otro en Ancón”, detalló Jorge Amorós.

Sin embargo, cada alternativa implicaba mayores costos y dificultades técnicas. Instalar el sistema lejos de los estudios principales del canal suponía nuevas inversiones en conectividad, infraestructura y energía.

“Tuvimos n reuniones para buscar alternativas que lamentablemente no eran viables”, explicó Raúl Ubidia. “Una de ellas era ponerlas en otro edificio de bastante lejanía al Congreso, lo cual implicaba un costo mayor, otro tipo de participación, etcétera, que no querían asumir”.

Arbitraje y sentencia judicial contra el Congreso

La controversia escaló aún más cuando, en diciembre de 2021, el Congreso decidió resolver el contrato con Río Pacífico alegando incumplimientos y retrasos en la entrega de los bienes. La medida derivó en un arbitraje que terminó fallando en contra del Parlamento.

El laudo arbitral ordenó que el Congreso pagara las prestaciones ejecutadas hasta el 3 de junio de 2019, así como otras obligaciones derivadas del contrato.

Para la empresa contratista, la decisión confirmaba que las demoras y la paralización no fueron responsabilidad suya, sino consecuencia directa de los errores técnicos del propio Congreso. “Siete años que venimos luchando constantemente a través de múltiples cartas, mesas directivas que no han hecho una solución. Ni siquiera hemos visto que haya una voluntad de solución”, lamentó Jorge Amorós.

El conflicto no terminó ahí. En marzo de 2025, el Poder Judicial del Perú ratificó lo establecido en el arbitraje y ordenó al Congreso cumplir con el pago de la deuda. Sin embargo, según la empresa afectada, el Parlamento continúa sin acatar plenamente la sentencia.

“Habiendo nosotros agotado estas etapas, el Congreso hace caso omiso de estos mandatos, incumpliendo, siendo el Congreso uno de los poderes del Estado, el mandato de otro de ellos. Es realmente el mundo al revés”, expresó Raúl Ubidia.

El Congreso, por su parte, emitió un comunicado señalando que algunas pretensiones indemnizatorias de Río Pacífico fueron declaradas infundadas y que la empresa también debía asumir penalidades económicas por supuestos retrasos contractuales.

Empresa evalúa embargo de cuentas del Parlamento

La tensión llegó a un nuevo punto crítico cuando Jorge Amorós reveló que actualmente evalúan solicitar el embargo de las cuentas del Congreso ante el incumplimiento de los pagos ordenados judicialmente.

“Y ahora estamos viendo la posibilidad del embargo de las cuentas del Congreso. Tenemos que ir hacia esas medidas porque realmente no hay nadie que quiera responder a lo que está sucediendo. Es un escándalo”, afirmó.