
El alcalde de Cajamarca y excongresista fujimorista, Joaquín Ramírez, ha aparecido en la escena pública tras el nombramiento de Juan Carlos del Prado, su exabogado, como presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
Del Prado, afiliado a Acción Popular, representó legalmente a la autoridad edil y a sus empresas durante la investigación por presunto lavado de activos, cuando ejercía como secretario general de Fuerza Popular. También figuró como directivo en los negocios educativos de la familia, incluyendo la Universidad Privada Juan Pablo II, según informó este jueves el periodista Paolo Benza, de La Contra.
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El mismo medio reportó que, en 2019, el Tribunal de Defensa de la Competencia del Indecopi sancionó a la Compañía General de Combustibles (Cogeco), propiedad de Osías Ramírez, hermano del alcalde, por colusión en el mercado del gas licuado de petróleo.
La relación entre la autoridad municipal y el jefe de Estado interino, José María Balcázar, tampoco resulta reciente. “Es mi paisano, somos del distrito de Nanchoc. Allí la mayoría de personas son Ramírez, Balcázar o Zeladas, no hay más”, declaró el gobernante en una conversación anterior con Exitosa.

“No hay ningún problema para conversar y dialogar. Además, ha sido miembro del partido de Fuerza Popular y es candidato a gobernador. De tal manera que si son buenas personas, buenos técnicos y gente que puede gobernar este país o la región de Cajamarca, bienvenidos. Hay que apoyarlos a todas estas personas que pueden con buena fe a cambiar el país”, añadió.
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Benza señaló en su despacho que “hace una semana, una fuente de Perú Libre” le comentó “algo que en ese momento parecía extraño, pero que, tras el nombramiento en Indecopi, cobra sentido”.
“El peso de Joaquín Ramírez en Palacio lo perciben todos los allegados a Balcázar. Una vez más, todo queda en familia. Además, el nuevo presidente de Indecopi, en declaraciones propias, reconoció haber sido aportante a la campaña de Keiko Fujimori en 2011”, agregó.
En 2023, el nombre de Ramírez llegó a los medios porque el Ministerio Público y la Policía Nacional (PNP) incautaron siete de sus avionetas en un aeródromo que operaba como “centro de capacitación de pilotos”, como detalló el entonces ministro del Interior, Vicente Romero.
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El exfuncionario aseguró que se trataba del segundo caso más grande de lavado de activos en Perú y precisó que, en el operativo de ese día, se incautarían más de 1.000 millones de dólares a favor del Estado, distribuidos en unos 295 bienes, entre los que se encontraban avionetas, edificios y vehículos.

La incautación, que contó con la participación de unos cuarenta representantes del Ministerio Público y varios efectivos policiales, incluyó el allanamiento de distintos bienes en la universidad Alas Peruanas, institución sin reconocimiento oficial.
También se intervinieron otros inmuebles relacionados con los 14 investigados en este caso, entre ellos Ramírez, quien en enero pasado asumió la alcaldía de Cajamarca, capital del departamento homónimo.
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Ramírez fue congresista por Fuerza Popular entre 2011 y 2016. Durante ese periodo, la Fiscalía abrió una pesquisa en su contra por presunto tráfico ilícito de drogas, aunque después la acusación se modificó a lavado de activos.
Según la tesis del Ministerio Público, el alcalde habría financiado la campaña presidencial de 2016 de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, con fondos ilícitos.
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