El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que entre 2015 y 2025 se cancelaron e inhabilitaron de manera definitiva 86.297 licencias de conducir en todo el país por la infracción M01, considerada una de las faltas más graves del Reglamento Nacional de Tránsito.
De acuerdo con cifras oficiales, esta sanción se aplica a quienes son intervenidos por manejar con niveles de alcohol en la sangre por encima de los límites establecidos, bajo efectos de estupefacientes o drogas, o cuando se niegan a realizarse exámenes de control. La falta se agrava si el conductor participa en un accidente de tránsito.
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La sanción por la infracción M01 implica una multa de 5.500 soles, la cancelación definitiva de la licencia y la inhabilitación permanente para tramitar un nuevo permiso. Además, contempla el internamiento del vehículo y la retención del brevete. Tanto el conductor como el propietario del vehículo comparten la responsabilidad ante la autoridad.
Según el MTC, los dos años con mayor registro de sanciones fueron 2022 y 2023, cuando se superaron las 9 000 cancelaciones anuales.
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En 2024 se contabilizaron 8 587 casos, y durante los primeros meses de 2025 ya hay 6 380 conductores sancionados con la pérdida definitiva de su licencia. La presencia sostenida de estas cifras mantiene el tema de la seguridad vial en el foco de la agenda pública.
Controversia por proyecto que permitiría recuperar licencias
Mientras las estadísticas muestran un número constante de sanciones, una iniciativa legislativa reabrió el debate. La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 9490 que, de manera excepcional, permitiría a conductores sancionados por manejar en estado de ebriedad volver a solicitar un brevete de clase A categoría I. Esto incluye a quienes perdieron su licencia por la infracción M01, considerada de las más severas en el país.
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El proyecto establece que los beneficiarios deben cumplir requisitos como no tener multas pendientes, acreditar domicilio y documento vigente, así como presentar constancia de capacitación y de no registrar antecedentes penales o judiciales recientes. La vigencia de la norma se extendería hasta el 31 de julio de 2027.
La propuesta, bautizada en redes como la “ley del borrachito”, generó críticas de especialistas y organizaciones de seguridad vial.
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Edwin Derteano, presidente de la Fundación Transitemos, advirtió en entrevista con Latina que “manejar bajo los efectos del alcohol es una falta gravísima” y alertó sobre los riesgos de reincidencia.
El mismo especialista señaló que en el Perú se registran entre siete y ocho fallecidos diarios por accidentes de tránsito, cifra que no contempla a quienes mueren por lesiones posteriores.
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En ese contexto, Derteano cuestionó la medida y aseguró que “se corre el riesgo de debilitar el sistema de control y de enviar un mensaje equivocado sobre el respeto a las normas”.
También advirtió que la antigüedad del parque automotor nacional, con más de 3,5 millones de vehículos y una edad promedio de 14,5 años, supone un desafío adicional para la seguridad de los usuarios.
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El dictamen aprobado deberá pasar al Pleno del Congreso, donde se definirá si la norma entra en vigencia o se archiva.
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