¿Rafael López Aliaga perdería su última posibilidad de pasar a segunda vuelta?: Experto revela que auditoría no se completaría en 30 días

El especialista en auditoría informática Rogelio Martínez advirtió que la realización de una auditoría informática exhaustiva en procesos electorales requiere recursos, análisis integral y tiempo, condiciones que considera difíciles de cumplir a un mes de la segunda vuelta presidencial prevista para el 7 de junio. Martínez, contador y auditor con experiencia en sistemas informáticos, expuso que la magnitud y complejidad de la tarea supera las capacidades habituales de los equipos técnicos, poniendo en duda la viabilidad de una revisión total antes del balotaje.

Seria advertencia

En declaraciones a Canal N, Martínez precisó que una revisión informática eficaz demanda personal especializado, la evaluación de diversos componentes y la asignación de suficientes días de trabajo. Subrayó que “el análisis de riesgo permite delimitar a dónde se dirige la auditoría”, un enfoque que, según el experto, resulta clave para optimizar los esfuerzos en sistemas complejos como los electorales.

De cara a la segunda vuelta del 7 de junio, Martínez alertó que la posibilidad de ejecutar una auditoría informática total es “muy difícil, aunque no imposible”. Aclaró que la magnitud de la tarea exige el compromiso de “mucha gente”, involucrando tanto la revisión de hardware como de software. “No se trata solo de ver las máquinas, sino de verificar cada computadora desde el inicio del proceso electoral”, remarcó el experto, cuya visión ha sido respaldada por otros profesionales del sector.

Los procedimientos de auditoría informática, tal como explicó Martínez, incluyen la verificación de la integridad de los sistemas, el rastreo de eventuales alteraciones y la comprobación de que los mecanismos de respaldo funcionen correctamente. “Si se ejecuta la auditoría no se podría llegar a un mes considerando que justo hoy dentro de 30 días sería la segunda balota”, advirtió, haciendo hincapié en la escasez de tiempo y en la necesidad de planificación minuciosa para cubrir todos los frentes tecnológicos involucrados.

Auditoria hecha en ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó una auditoría previa al inicio del proceso electoral, según confirmó Martínez. “Cuando se hizo todo estaba bien”, enfatizó. No obstante, el especialista enfatizó que la situación cambió a partir de lo ocurrido el 12 de abril, fecha en la que se reportaron incidentes que pusieron en cuestión la solidez de los controles informáticos. “Ya sabemos qué pasó el 12 de abril”, sostuvo, aludiendo a los acontecimientos cuyas repercusiones aún generan debate en el ámbito político y técnico.

Sobre la actuación de las autoridades electorales, Martínez cuestionó la labor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señalando que “falló en esta auditoría”. Para el experto, la supervisión del JNE no alcanzó los niveles de rigor esperados, lo que abrió espacios de vulnerabilidad en el proceso. También informó sobre críticas similares de otros especialistas, quienes demandan mayor transparencia y controles independientes en la fiscalización del sistema electoral peruano.

Según el especialista, la revisión efectiva implica analizar desde las bases de datos hasta los sistemas de transmisión de resultados, sumando instrumentos de control sobre redes, servidores y aplicaciones. “El análisis de riesgo es lo que permite delimitar a dónde se va, porque si quieres hacer una auditoría total de todo el sistema, no hay tiempo material”, puntualizó. Se detalló en un informe reciente que la ONPE opera con base en protocolos internacionales, pero que la celeridad del calendario electoral condiciona la profundidad de las evaluaciones técnicas.

Confianza cuestionada y procesos electorales manchados

La experiencia de Martínez en auditoría informática refuerza la preocupación de sectores ciudadanos y expertos sobre la transparencia y la seguridad de los comicios. Las demandas para fortalecer la fiscalización interna y externa han cobrado fuerza desde los incidentes del 12 de abril, cuando distintos actores políticos denunciaron irregularidades y pidieron garantías adicionales.

En ese contexto, la ONPE y el JNE enfrentan presiones para demostrar la confiabilidad de los sistemas utilizados en la segunda vuelta. Reportó que organizaciones de la sociedad civil han solicitado la participación de veedores internacionales y la publicación de informes técnicos completos, con el objetivo de disipar dudas sobre la integridad de los resultados.

Martínez concluyó que “la auditoría informática exhaustiva no es imposible, pero requiere de planificación, recursos y compromiso institucional”. Las autoridades electorales deben equilibrar la urgencia del calendario con la necesidad de controles robustos que garanticen la confianza pública en los resultados.

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