Elecciones Perú 2026: ¿auditoría internacional podría dilatar la segunda vuelta del 7 de junio y la asunción presidencial del 28 de julio?

La realización de las elecciones presidenciales en Perú previstas para el 7 de junio de 2026 enfrenta cuestionamientos tras el anuncio de una auditoría informática internacional sobre la primera vuelta, en medio de un clima de incertidumbre política y denuncias de irregularidades. La decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de convocar a expertos internacionales para revisar el proceso busca aumentar la confianza en los resultados, pero ha avivado el debate sobre los plazos y la estabilidad del cronograma electoral.

La primera vuelta de las elecciones generales peruanas se celebró el 12 de abril. Con el conteo de actas al 98.218% La candidata conservadora Keiko Fujimori obtuvo el primer lugar con el 17,1% de los votos, mientras que el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga disputan el segundo puesto con una diferencia menor a 30.000 votos. El recuento ha sido lento y marcado por la revisión de actas observadas y denuncias de fraude nunca comprobadas por organismos internacionales.

En este escenario el Jurado Nacional de Elecciones anunció la realización de una auditoría informática integral apoyada por expertos independientes y técnicos de organismos internacionales. El objetivo es garantizar “la transparencia, la integridad y la confiabilidad de los resultados electorales”, según detalló el propio organismo.

El comité de auditoría contará con especialistas en tecnología, ciberseguridad y fiscalización de sistemas, sin vínculos con la administración electoral peruana. Pero el problema es que hasta el momento no se anunció ni quien lo hará ni los plazos de inicio y culminación considerando que este domingo 7 de junio será la segunda vuelta electoral.

Debate sobre competencias y tiempos

El anuncio de la auditoría generó posturas encontradas entre expertos y actores políticos. La lideresa de Fuerza Popular se mostró a favor de ello, pero pidió calma mientras que Roberto Sánchez, quien al inicio se mostró en contra, ahora adopta una postura más conciliadora y acepta que se realice. Pero advierte que la auditoría podría interpretarse como una invasión de competencias, ya que la fiscalización técnica corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y no al JNE. “Los órganos del Estado y los servidores públicos no pueden actuar libremente en función a su criterio, sino exactamente dentro del marco de la ley y de sus competencias” sostuvo el líder de Juntos Por el Perú.

Por su parte, Michelle Samaniego, exsecretario general del JNE, en entrevista en Canal N explicó que “no se puede realizar una auditoría técnica hasta que no se declare de forma oficial a quienes pasen a la segunda vuelta”, por razones de plazos. Consideró que la auditoría debería realizarse tras la segunda vuelta, ya que hacerlo antes podría retrasar el proceso y alimentar la incertidumbre.

Reacciones y cuestionamientos

La coyuntura electoral en Perú está marcada por manifestaciones, denuncias cruzadas y un ambiente de polarización. Las demoras en la entrega de material electoral y el recuento han motivado acusaciones de fraude principalmente por parte de Rafael López Aliaga y otros candidatos, aunque observadores internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, descartaron la existencia de manipulación sistemática.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, renunció a su cargo en abril en medio de investigaciones judiciales y críticas por la organización de los comicios. Su salida profundizó el clima de desconfianza institucional. El JNE mantiene la fecha del balotaje para el 7 de junio, rechazando pedidos para anular la elección en la capital. La autoridad electoral prevé entregar los resultados finales de la primera vuelta el 15 de mayo.

El papel de la auditoría internacional

El Jurado Nacional de Elecciones indicó que la auditoría informática no interferirá con el análisis de las actas ni con el cronograma electoral. El comité de expertos internacionales acompañará tanto la segunda vuelta presidencial como los comicios regionales y municipales de octubre, con el fin de asegurar procesos “auditables y confiables”. El objetivo es elevar los estándares de control y verificar cada etapa del procesamiento electoral bajo criterios independientes.

La decisión de realizar una auditoría integral responde a la presión social y política generada por el estrecho margen entre los candidatos y la proliferación de denuncias. La medida pretende reforzar la transparencia, pero también ha sido interpretada como un riesgo de inestabilidad si se percibe que afecta la autonomía de los organismos electorales o si retrasa la proclamación de los resultados.

¿Corre peligro la realización de las elecciones y la juramentación?

Hasta el momento, la autoridad electoral sostiene que la segunda vuelta se efectuará en la fecha prevista. No se ha anunciado la postergación de la jornada ni de la juramentación del futuro jefe de Estado. El Jurado Nacional de Elecciones ha enfatizado que la auditoría se implementa como una medida adicional de control y no como un factor que altere el calendario oficial.

A pesar de la incertidumbre, la comunidad internacional y los observadores han reiterado su respaldo al proceso y su confianza en la capacidad de las instituciones peruanas para garantizar la legitimidad de la elección. El desarrollo de la auditoría y la publicación oportuna de los resultados serán determinantes para disipar las dudas y mantener la estabilidad democrática, de acuerdo con el análisis de Infobae y otros medios.