La ola de inseguridad en Lima Metropolitana ha encontrado un nuevo blanco: los colegios. Desde el inicio del año escolar 2026, el temor se ha extendido entre padres, alumnos y docentes tras el reporte de amenazas y extorsiones en instituciones educativas.
El jefe de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Marco Tupayachi, confirmó que se han registrado cerca de 38 casos en la capital.
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Los métodos empleados por los extorsionadores varían: desde mensajes intimidatorios en chats escolares, hasta la colocación de casquillos de bala en las entradas de los centros educativos.
En uno de los incidentes más recientes, un colegio privado del Cercado de Lima recibió una advertencia de tiroteo durante una reunión virtual de padres. El mensaje alertaba sobre un supuesto ataque programado para el mediodía, lo que obligó a activar medidas de emergencia y sembró pánico entre las familias.
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El temor que generan estos hechos se replica en diversos distritos, como Ancón, Villa María del Triunfo y Comas, donde los padres exigen mayor seguridad. Las extorsiones no distinguen ubicación, y la amenaza se percibe tanto en el norte como en el sur de la ciudad.
Frente a este contexto, se espera que el Ministerio del Interior (Mininter) intensifique la coordinación con las instituciones educativas para responder rápidamente a cada denuncia y evitar que el miedo paralice las actividades escolares.
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Más escuelas públicas
El propio Tupayachi ha sido enfático: “son más instituciones públicas que privadas” las que han sido blanco de extorsión en Lima Metropolitana.
Esta tendencia obliga a centrar los esfuerzos en la protección de los estudiantes de escuelas estatales, que en muchos casos cuentan con menos recursos para afrontar situaciones de riesgo.
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Para enfrentar la problemática, se han implementado cámaras de seguridad conectadas a la central policial 105, botones de pánico y la presencia de agentes escolares asignados por la Policía Nacional del Perú.
Estas medidas buscan responder de forma rápida ante cualquier emergencia y disuadir a quienes intentan sembrar el miedo en los colegios.
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Además, la vigilancia se ha reforzado con la participación de brigadas de padres voluntarios, quienes colaboran en el resguardo de los alrededores y en la detección de movimientos sospechosos.
Antes del comienzo del año escolar, el Ministerio de Educación anunció un convenio con el Ministerio del Interior para que los colegios víctimas de extorsión cuenten con resguardo policial, especialmente en las zonas más vulnerables.
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Asimismo, se espera mayor apoyo a las Brigadas de Protección Escolar (BAPE), integradas por miles de madres y padres de familia, las cuales representan un pilar fundamental en la estrategia de prevención. A nivel nacional, existen alrededor de 5000 brigadas conformadas por más de 50 000 voluntarios, quienes contribuyen a fortalecer la seguridad externa en el entorno escolar.
Aunque el temor persiste en la comunidad educativa, se espera que el trabajo conjunto entre entidades estatales, fuerzas del orden y familias busca garantizar que las escuelas sigan siendo espacios seguros para el aprendizaje.
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Según la Asociación Nacional de Colegios Privados (ANCP), se estima que más de 650 instituciones educativas han sido afectadas por extorsiones a nivel nacional durante 2025.
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