Un video difundido en redes sociales generó alarma en el distrito de Lince, en Lima, al mostrar supuestas cédulas de votación encontradas en la vía pública. Un ciudadano, al observar varios documentos en la calle, acudió de inmediato a la comisaría más cercana para reportar el hallazgo e interpuso una denuncia ante las autoridades.
La Policía Nacional verificó el incidente el 17 de abril y, tras revisar los documentos, determinó que los papeles encontrados no corresponden a material oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Según consta en el acta policial, a la que accedió el portal de verificación PerúCheck, “el personal policial verificó que dichos documentos no son oficiales, procediendo con el recojo y traslado a la comisaría de Lince, para ser desechadas al no tener valor oficial”.
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La difusión de este video por usuarios de TikTok y otras plataformas contribuyó a propagar versiones infundadas sobre una posible manipulación del proceso electoral. Sin embargo, tanto la constatación policial como la revisión de las imágenes permiten observar una marca de agua con el rótulo “no oficial” en los papeles, descartando cualquier vínculo con actas de sufragio auténticas.
Las autoridades recalcaron que los documentos carecen de validez y que el procedimiento adoptado fue el de su eliminación, al no representar evidencia de delito electoral ni material genuino de la ONPE.
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Las cédulas halladas en Lince no son oficiales, de acuerdo con la verificación realizada en el lugar de los hechos por la Policía Nacional y la revisión independiente de PerúCheck. Los documentos, que circulan en imágenes compartidas por redes sociales, incluyen una marca de agua que indica “no oficial”, y no corresponden a actas válidas de votación. Por tanto, la información que señala la existencia de cédulas auténticas abandonadas en Lince ha sido calificada como falsa por el portal de verificación PerúCheck.
Denuncias de fraude y postura de la Defensoría del Pueblo
El episodio de Lince se suma a una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades electorales que han circulado en las semanas posteriores a la primera vuelta de los comicios presidenciales de 2026, realizada el 12 de abril. En este contexto, el candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, ha sostenido públicamente que existieron hechos irregulares que ameritarían una auditoría y la repetición de la elección en mesas específicas.
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López Aliaga, quien ocupa el tercer lugar en el conteo oficial de la ONPE al 98%, argumentó que más de un millón de votantes habrían sido afectados por la apertura tardía de mesas, especialmente en distritos del sur de Lima Metropolitana y zonas rurales, y solicitó una elección complementaria. No obstante, hasta el momento no se han presentado pruebas concretas que respalden la magnitud de estas acusaciones, y la tasa de ausentismo electoral fue incluso menor que la registrada en 2021, en parte, debido a las condiciones impuestas por la pandemia.
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo, encabezada por Josué Gutiérrez, afirmó que “no existen pruebas fehacientes de fraude electoral” en la primera vuelta. El organismo sostuvo que, luego de una revisión exhaustiva de los reportes de su equipo de tecnología de la información y especialistas en procesos electorales, no se encontraron fundamentos que acrediten la hipótesis de fraude. La Defensoría sí identificó ciertas irregularidades logísticas y operativas, recomendando mayor transparencia y comunicación por parte de las autoridades electorales, pero ratificó la legitimidad de los resultados.
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