
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió este miércoles de manera unánime iniciar un procedimiento disciplinario contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por la presunta comisión de una “falta grave” durante los comicios generales del pasado 12 de abril.
A través de un comunicado, el órgano máximo de la judicatura indicó que la medida surge tras la conclusión de una investigación abierta al exfuncionario, quien enfrenta cargos por colusión agravada y omisión de actos funcionales a raíz de las demoras notorias en la apertura de locales de votación en Lima.
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Un informe de la JNJ determinó que existen “indicios suficientes” para avanzar hacia una fase formal del procedimiento, que podría terminar con su destitución si se confirma su responsabilidad en las irregularidades detectadas en la jornada electoral, circunstancias por las que presentó su renuncia.
El pleno del organismo remarcó que esta acción “no implica un adelanto de opinión” respecto a la responsabilidad de Corvetto y constituye “una fase necesaria para el esclarecimiento de los hechos bajo los principios de debido proceso y derecho de defensa”.

El comunicado precisó que el actual pleno de la Junta no lleva adelante procedimientos disciplinarios “express” ni inmediatos, “en resguardo del respeto constitucional a los derechos fundamentales”. Asimismo, señaló que el proceso garantiza al exfuncionario “el derecho a exponer sus argumentos, ofrecer pruebas y ejercer su defensa conforme a la normativa vigente”.
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“Con esta medida, la Junta reafirma su papel constitucional de supervisar, evaluar y sancionar la conducta de los altos funcionarios del sistema de justicia y organismos electorales, como la ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en estricto cumplimiento de la legalidad y los principios de transparencia e independencia institucional”, concluyó.
La semana pasada, el juez Juan Manuel Chuyo ordenó el impedimento de salida del país por 18 meses contra Corvetto, al declarar fundada la solicitud de la Fiscalía, que requirió la medida tras hallar un pasaporte próximo a vencer, distinto de los dos que ya había entregado al Ministerio Público como garantía de que no tenía intención de fugar.
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Durante una audiencia virtual, el magistrado consideró “necesario” delimitar la ubicación de los investigados dentro del territorio nacional, con el fin de reducir el riesgo de fuga y facilitar las diligencias fiscales.
Por su parte, el Ministerio Público sostuvo que persiste el peligro de que el exfuncionario abandone el país, pues aunque había presentado sus pasaportes peruano e italiano, en un allanamiento realizado posteriormente se encontró un documento adicional que podría permitirle salir del territorio nacional.
“La presencia del señor es necesaria para que se aclaren estos hechos graves que se vienen denunciando y que son de conocimiento público y que han generado zozobra, impacto en la sociedad, sobre todo de cara a la segunda vuelta de este proceso electoral”, dijo el fiscal Reynaldo Abia.
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El impedimento de salida también fue dictado contra el exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé, el suspendido subgerente de Producción Electoral de la ONPE Juan Phang, la asistente de la Subgerencia de Producción Electoral, Hilda Otoya, dos funcionarios más y el representante de la empresa Servicios Generales Galaga, Juan Alvarado.
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