La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció este lunes la nulidad del acuerdo de pleno que ratificó a la fiscal Gladys Fernández, quien tiene una condena firme por corrupción y se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos.
A través de un comunicado, el máximo órgano de la judicatura informó que ha dispuesto “la inmediata adopción de las medidas administrativas correspondientes ante los funcionarios que resulten responsables”.
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La fiscal provincial provisional fue condenada por omisión del ejercicio de la acción penal, tras archivar en dos ocasiones un caso de falsificación de documentos, pese a la existencia de elementos suficientes para formalizar la investigación preparatoria.
En primera instancia, la Sala Especial Superior de Cañete le impuso un año de prisión suspendida, el pago de una reparación civil de 3.500 soles y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, Fernández apeló la sentencia ante la Corte Suprema y, en diciembre pasado, la Sala Suprema Penal Permanente rechazó su recurso y confirmó el fallo, consolidando la condena.
La Ley de la Carrera Fiscal establece en su artículo 36 que para permanecer en el Ministerio Público se requiere “no haber sido condenado ni haber sido pasible de una sentencia con reserva de fallo condenatorio por la comisión de un delito doloso”.
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La JNJ no puede alegar desconocimiento de la sentencia contra la jurista, ya que, según conoció Infobae, pidió a la Corte Suprema que le confirmara si ya era firme y, como no recibió respuesta, volvió a solicitar esa información.
El pleno también comunicó que continúa la investigación preliminar y las diligencias contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, quien se encuentra prohibido de salir del país durante 18 meses por una orden judicial.
Corvetto, otros funcionarios y representantes de la empresa de transportes Galaga, contratada para distribuir el material electoral, se encuentran incursos en una pesquisa por la presunta comisión del delito de colusión agravada y omisión de actos funcionales después de notables retrasos en la apertura de centros de votación en Lima.
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La JNJ detalló, de igual modo, que ha recibido 2.664 denuncias presentadas por ciudadanos en relación con los hechos registrados durante la jornada electoral del domingo 12 de abril de 2026, las cuales “vienen siendo debidamente evaluadas”.
Corvetto dimitió el 22 de abril como jefe de la ONPE al ser señalado como culpable de las demoras en el traslado y reparto del material electoral, que provocaron que el sufragio se extienda en forma inédita un día más en Lima; así como los fallos en el repliegue y custodia de los votos emitidos.
Estas irregularidades han alimentado las denuncias de fraude electoral lanzadas sin pruebas por Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, quien señala un contubernio en su contra al ver que se quedará fuera de la segunda vuelta en detrimento del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.
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Con el 97,46 % del escrutinio, previsiblemente pasarán al balotaje del 7 de junio la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (17,12 %) y Sánchez (12,04 %).
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