Declaran vacancia del alcalde provincial de Arequipa por emplear personal municipal para el cuidado de su mascota “Flechita”

La Municipalidad Provincial de Arequipa inicia una nueva etapa tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que determinó la vulneración de normas sobre uso de recursos públicos y dispuso el relevo inmediato en la máxima autoridad edil

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Alcalde de Arequipa pierde el cargo tras emplear personal municipal para el cuidado de su mascota “Flechita”.
Alcalde de Arequipa pierde el cargo tras emplear personal municipal para el cuidado de su mascota “Flechita”.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó que el alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, utilizó recursos públicos para fines personales, al ordenar a su personal de seguridad el cuidado y paseos de su mascota, conocida como “Flechita”.

La vacancia del burgomaestre está sustentada en la Resolución N.º 0805-2026-JNE, la cual confima la designación de Ruccy Oscco Polar como nueva alcaldesa de la ciudad.

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El caso “Flechita”

El caso “Flechita” cobró notoriedad tras la denuncia presentada por Claudia Sara Orihuela Larico, quien señaló que el alcalde Rivera Chávez habría favorecido la contratación de Herbert Arenas Román para labores de seguridad, aunque en la práctica el trabajador se dedicaba al cuidado y paseo del animal dentro de las instalaciones municipales.

De acuerdo con el expediente, existieron órdenes de servicio por un monto total de S/14.400, emitidas durante el periodo investigado, situación que llevó a una revisión exhaustiva por parte del JNE.

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El máximo tribunal electoral determinó que se configuraron los tres requisitos legales para la vacancia: la existencia de un contrato vigente entre la municipalidad y el trabajador, el interés directo del alcalde al beneficiarse personalmente de la relación laboral, y un conflicto de intereses al priorizar asuntos particulares sobre las obligaciones públicas.

El JNE señaló que la contratación de Arenas Román, con funciones ajenas a las de seguridad, fue reiterada a pesar de las observaciones, lo que evidenciaría consentimiento por parte del entonces alcalde.

Durante la investigación, videos y fotografías incorporados al expediente mostraron a Arenas Román paseando a “Flechita” dentro del recinto municipal y en horario laboral.

En una entrevista televisiva, el propio Rivera Chávez reconoció que el trabajador sacó a su mascota en algunas ocasiones, calificando estos hechos como eventuales. El JNE consideró este testimonio como un elemento relevante para sustentar la sanción.

“Rontudamente rechazo, yo no estoy contratando para ese servicio a este señor... está cumpliendo lo que está (en la orden de servicio), que eventualmente haya llevado a mi mascota y lo haya sacado a pasear no se puede en función de una imágenes poner de que yo estoy contratando para que paseen a mi perro”, respondió aquella oportunidad.

“Yo considero a mis mascotas, como parte de mí, como mis hijos. En ningún momento he contratado para eso, va a venir la Contraloría me va a fiscalizar y voy demostrar que en ningún momento se ha hecho la contratación exclusivamente para lo que ustedes están diciendo”, agregó.

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Relevo en la gestión

La Resolución N.º 0805-2026-JNE, difundida oficialmente este miércoles 6 de mayo, deja sin efecto la credencial de Víctor Hugo Rivera Chávez y dispone que la primera regidora, Ruccy Oscco Polar, asuma el cargo de alcaldesa hasta completar el periodo 2023-2026. Además, el JNE ordenó convocar a Jherson Jhulian Chipana Apaza para ocupar la vacante en el Concejo Provincial.

La decisión del JNE se produce tras más de dos años de proceso, con etapas previas en las que el Concejo Municipal había rechazado la solicitud de vacancia.

El tribunal electoral revocó el Acuerdo del Concejo Municipal N.º 031-2025-MPA y fundamentó su resolución en la vulneración del artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que prohíbe a las autoridades contratar directa o indirectamente con la entidad que administran.

En el voto de la mayoría, el JNE concluyó que Rivera Chávez incumplió su deber de protección de los recursos municipales y permitió el uso indebido de personal para asuntos personales. Un magistrado emitió voto en minoría, argumentando que la sanción resultaba desproporcionada, aunque la posición mayoritaria fue la que prevaleció.

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