Diversos gremios empresariales de Perú, entre los que se cuentan la Asociación de Exportadores (ADEX), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), entre otros, exigieron este 6 de mayo una auditoría internacional urgente a los sistemas informáticos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), antes de que se proclamen los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, los integrantes de diferentes agrupaciones empresariales indicaron que se detectaron graves irregularidades desde el propio día de los comicios, lo que, a su juicio, hace necesaria una revisión técnica independiente y externa a la autoridad electoral local.
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A estos gremios se suman la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) —entidad de referencia en la representación del sector turístico— y organizaciones de transporte, que difundieron su pronunciamiento bajo el lema “La verdad y la transparencia deben prevalecer por la salud de la democracia”, instando a que esta auditoría sea realizada por una empresa internacional y a que su dictamen esté disponible antes de cualquier proclamación oficial por parte de la ONPE.
Gremios condicionan legitimidad de resultados
El documento también condiciona la credibilidad de los resultados de la primera vuelta a la ejecución de una auditoría externa cuyo proceso no está establecido, ni se conocen detalles de cuánto tiempo duraría o cuáles serían sus alcances. Los gremios insisten en que “esta auditoría debe emitir su dictamen antes de la proclamación de los resultados presidenciales de la primera vuelta”.
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El comunicado de las organizaciones empresariales plantea que debe esclarecerse si las irregularidades detectadas corresponden a fallas operativas o si se trataría de una manipulación deliberada del sistema electoral.
El texto advierte que, de confirmarse este último supuesto, se estaría ante un “fraude y un ilícito penal”, y atribuye parte de la responsabilidad al jefe interino de la ONPE y a funcionarios de la administración anterior. Todo ello sin que previamente siquiera se haya podido demostrar indicios sobre un supuesto “fraude”, una idea promovida por el candidato a la presidencia, Rafael López Aliaga.
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Solicitan oficialmente que estos funcionarios sean apartados de sus cargos durante las investigaciones, sosteniendo que su presencia afecta la confianza ciudadana en la integridad del proceso electoral y en una eventual segunda vuelta. Según el comunicado, “la permanencia de estos funcionarios no genera confianza en la ciudadanía, por lo que no deben conducir el proceso de la segunda vuelta electoral”.
La declaración conjunta de los gremios añade una demanda adicional vinculada a la logística del proceso electoral: proponen asignar a las Fuerzas Armadas del Perú la custodia y traslado de las ánforas y material electoral. Justifican esta petición señalando que así se reducirían los riesgos de intervención externa en la manipulación de votos, tanto en los trayectos hacia los locales de votación como en el almacenamiento previo al escrutinio.
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Hasta la fecha de corte de este artículo, la ONPE, no ha emitido respuesta oficial a los señalamientos ni a las medidas propuestas por el empresariado. Todo esto a solo 24 horas de que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla con el plazo anunciado para finalizar con la revisión de las actas con observaciones pues, como anunció el propio JNE, el proceso terminará el 7 de mayo.
Las organizaciones empresariales insisten en tres demandas precisas: que una auditoría internacional independiente determine el origen de las presuntas irregularidades antes de la proclamación de los resultados presidenciales, el apartamiento de funcionarios clave de la ONPE y la transferencia inmediata de la logística electoral a las Fuerzas Armadas del Perú.
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