Cuerpos contaminados, Estado ausente

En el Perú hay territorios donde el agua que se bebe y los alimentos que se producen pueden convertirse en una amenaza cotidiana, y esto no se trata de una metáfora, ya que más de 10 millones de personas viven expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias tóxicas como plomo, mercurio, arsénico y cadmio, según información del Ministerio de Salud recogida por diversos informes recientes. La cifra debería estremecer al país, sin embargo, frente a esa magnitud, el presupuesto público destinado en 2025 para tamizaje y tratamiento fue de alrededor de S/ 20 millones: apenas cerca de S/ 2 por persona expuesta en todo un año.

Esa cifra no es solo insuficiente, es moralmente inaceptable. Un Estado que destina dos soles al año para atender a una persona expuesta a sustancias tóxicas no está respondiendo a una emergencia sanitaria. Está administrando el abandono. Y ese abandono tiene rostro concreto: niñas y niños con riesgo de daño neurológico, mujeres gestantes expuestas a sustancias que pueden afectar el desarrollo fetal, comunidades que cargan con enfermedades crónicas y familias que deben elegir entre comer, trasladarse a un centro de salud o comprar medicinas.

La contaminación por metales pesados no afecta solamente al ambiente; afecta también al cuerpo. Entra por el agua, por los alimentos y por el suelo contaminado. Se instala en la sangre, en los tejidos, en los órganos y en la vida diaria. La Organización Mundial de la Salud advierte que el plomo puede afectar el desarrollo cerebral de niñas y niños, reducir el rendimiento escolar, causar anemia e inmunotoxicidad. El mercurio, por su parte, puede afectar el sistema nervioso, digestivo e inmunológico, y representa una amenaza particular para el desarrollo infantil desde la gestación.

Por eso, hablar de metales pesados también es hablar de seguridad alimentaria y seguridad hídrica. No hay derecho a la alimentación si los alimentos que produce una comunidad crecen en suelos contaminados o son regados con agua insegura. No hay nutrición adecuada si una familia debe consumir cultivos o agua con riesgo de contaminación porque no tiene otra alternativa. Y no hay salud pública posible si las políticas alimentarias no miran también la calidad sanitaria del territorio donde se produce, cocina y consume la comida.

La seguridad alimentaria no se limita a la disponibilidad de comida; también exige que los alimentos sean seguros, nutritivos y libres de contaminación. Cuando una comunidad vive rodeada de contaminación minera, derrames petroleros, relaves mineros o fuentes de agua contaminada, su alimentación se vuelve una ruta de exposición. Allí, la comida deja de ser únicamente sustento y puede convertirse en vehículo de enfermedad.

Además, la contaminación golpea con más fuerza a quienes ya enfrentan otras desigualdades: comunidades rurales, pueblos indígenas, zonas altoandinas y amazónicas, familias empobrecidas, niñas y niños, mujeres gestantes y personas adultas mayores. No todos tienen la misma capacidad de comprar agua segura, trasladarse a un hospital, pagar análisis especializados o reemplazar alimentos contaminados por otros más seguros. La exposición puede ser ambiental, pero la vulnerabilidad es profundamente social.

Por eso resultan legítimas y urgentes las protestas de la Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales Pesados, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas. Representantes de 13 regiones llegaron a Lima para exigir mayor presupuesto y acción urgente del Estado. Denunciaron que el Plan Especial Multisectorial, aprobado en 2021 y próximo a culminar en 2026, apenas habría alcanzado alrededor del 20% de ejecución total, entre cambios constantes de responsables y falta de continuidad institucional. También señalaron que, si en 2020 se identificaron más de 10 millones de personas expuestas en 212 distritos, para 2025 la cifra territorial se habría ampliado a 339 distritos en riesgo de exposición.

La pregunta es inevitable: ¿cuántas veces más tendrán que viajar las comunidades afectadas a Lima para que el Estado las escuche? ¿Cuántas niñas y niños deberán crecer con plomo, arsénico o mercurio en el cuerpo antes de que esta crisis sea tratada como una prioridad nacional? ¿Cuántas familias deberán seguir enfermando mientras el país continúa mirando la contaminación como un costo inevitable del desarrollo?

La respuesta no puede limitarse a mesas de diálogo que se diluyen, registros incompletos o presupuestos simbólicos. Se necesita una política pública integral con enfoque territorial, intercultural, sanitario, ambiental, alimentario y de género. Eso implica ampliar el presupuesto, fortalecer el tamizaje, garantizar atención especializada, asegurar agua segura, vigilar los alimentos producidos en zonas de riesgo, remediar pasivos ambientales, sancionar a quienes contaminan y reparar a las comunidades afectadas.

Pero también implica cambiar la forma en que entendemos la justicia. Porque una persona contaminada por metales pesados no necesita una atención médica única ni una respuesta temporal. Necesita atención integral y seguimiento de por vida. La contaminación no desaparece con una campaña, una visita médica o una promesa pública. Sus efectos pueden permanecer en el cuerpo, afectar el desarrollo, limitar oportunidades y deteriorar la calidad de vida durante años.

En el Perú, la contaminación por metales pesados no es un problema invisible. Lo invisible ha sido, más bien, la voluntad política para enfrentarlo. Y mientras esa voluntad no exista, seguiremos teniendo un país donde millones de personas no solo viven con hambre o enfermedad, sino con una injusticia más profunda: la de tener que demostrar, una y otra vez, que sus vidas valen más que el oro, el cobre, el petróleo o cualquier negocio.