¿Territorio tomado? Interdicciones a la minería ilegal más que se duplicaron en los últimos dos años, advierte la PCM

El Estado peruano duplicó el número de interdicciones contra la minería ilegal en menos de dos años, mientras la asignación presupuestaria sigue sin equiparar el impacto económico y ambiental de este delito.

Según datos del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), la minería ilegal moviliza más de US$ 12.000 millones anuales, 10 veces más que el narcotráfico, pero recibe solo una décima parte de los recursos asignados a la lucha antidrogas.

El general (r) Rodolfo García, Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), informó en el XV Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores que en 2026 el promedio mensual de interdicciones superó las 130, frente a las 62 registradas en 2024.

La cifra representa un incremento superior al 100% en la frecuencia de operativos, impulsada por la expansión de actividades ilegales y el alza del precio internacional del oro, que ha alcanzado más de cinco mil dólares la onza.

Impacto ambiental y social: datos y zonas críticas

La minería ilegal ha dejado más de 140.000 hectáreas de bosques destruidos y al menos 225 cuerpos de agua contaminados con mercurio, afectando principalmente a las regiones de Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali y Huánuco.

El informe del IIMP advierte que la contaminación compromete la salud y los medios de vida de comunidades indígenas, para quienes los recursos hídricos de la Amazonía son esenciales. El aumento del precio del oro ha incentivado la expansión de operaciones ilegales, que aprovechan vacíos regulatorios y limitaciones en la respuesta estatal.

La PCM detalló que el presupuesto estatal destinado a combatir la minería ilegal fue de S/70 millones en 2025, mientras la lucha contra el narcotráfico recibió S/700 millones ese mismo año.

Para 2026, la asignación para minería ilegal subió a S/ 178 millones, aunque la distancia frente al impacto económico y social persiste. En dos años, se ejecutaron más de 2.300 operativos y se decomisaron bienes valorados en más de S/7.000 millones, según los reportes oficiales.

Estrategias oficiales y límites del modelo actual

La estrategia nacional, aprobada en 2025, involucra a 18 instituciones y adopta el llamado “modelo Pataz”, enfocado en la instalación de puestos de control multisectoriales en rutas fiscales clave para garantizar la trazabilidad de minerales, equipos y personas.

En la provincia de Pataz, región La Libertad, en 2025 se excluyó del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) a más de 1.000 mineros por incumplimiento de requisitos. A nivel nacional, la exclusión ya supera los 50.000 registros, lo que limita vías de legalización para actividades ilícitas.

El Decreto Legislativo 1695 ha otorgado mayores facultades a fiscales y policías, quienes ahora pueden intervenir no solo en la extracción, sino también en el transporte, acopio y comercialización de minerales. Según el general García, la minería ilegal representa un riesgo para la seguridad, la gobernabilidad y la salud pública.

El esfuerzo estatal se refleja en la multiplicación de operativos, pero la magnitud del problema pone en el ojo público que los recursos y acciones aún resultan insuficientes para contener la expansión del delito.