Escándalo en el Colegio de Obstetras por presunta estafa: Profesionales quedaron fuera del SERUMS 2026 tras decisión del Minsa

La controversia en el Colegio de Obstetras del Perú (COP) no es reciente, pero en las últimas semanas alcanzó su punto más crítico al trasladarse del ámbito institucional al sistema público de salud. Lo que comenzó como un conflicto electoral no resuelto derivó en una fractura interna que hoy tiene consecuencias concretas: la exclusión de cientos de profesionales del proceso del SERUMS 2026.

Origen del conflicto

El origen del problema se remonta al cierre del proceso electoral 2024-2025. La obstetra Gloria Moreno sostiene que fue elegida decana en segunda vuelta el 2 de marzo de 2025, con proclamación oficial e inscripción en registros públicos, lo que la habilitaba para asumir funciones el 1 de abril. Sin embargo, la entonces titular del gremio, Mimi Rojas, declaró la nulidad del proceso alegando irregularidades y se negó a transferir el cargo.

La falta de relevo marcó el inicio de una crisis institucional que llevó a enfrentamientos en la sede del colegio, con denuncias por ingreso forzado, intervención policial y detenciones. Desde entonces, el gremio opera en la práctica con dos estructuras paralelas: una encabezada por Moreno, que afirma contar con respaldo registral y administrativo; y otra que desconoce su legitimidad y se mantiene en el control de la sede principal.

Rojas convocó nuevas elecciones en septiembre de 2025, proceso del que resultó elegida Lizeth Regalado. Con ello, se consolidó una segunda línea de conducción que tampoco es reconocida por el grupo de Moreno. La disputa dejó de ser únicamente política para convertirse en un conflicto con aristas legales, sin que hasta ahora se resuelva la controversia.

Conflicto deja afuera a obstetras del Serums 2026 y denuncian estafa

En ese contexto, el proceso del SERUMS 2026 se convirtió en el escenario donde el conflicto estalló públicamente. El Ministerio de Salud del Perú (Minsa), encargado de la convocatoria, solicitó a los colegios profesionales validar la colegiatura de los postulantes como requisito habilitante. Fue en esa etapa donde se detectó la irregularidad que finalmente dejó fuera 352 obstetras que no pudieron acreditar una colegiatura válida.

La decisión del ministerio se fundamentó en el reconocimiento de la representación inscrita en los registros públicos, lo que en la práctica significó validar únicamente las colegiaturas emitidas durante la gestión de Moreno. Según autoridades del sector, las obstetras afectadas presentaron documentos expedidos por Mimi Rojas después de haber concluido su periodo y por Lizeth Regalado, quien carece de la legalidad necesaria para ejercer como decana. La utilización de las firmas de ambas habría perjudicado a cerca de mil obstetras desde 2025.

Gloria Moreno, decana nacional del COP, explicó que el Minsa, al reconocer la legalidad de su gestión, le remitió un oficio con una lista de alrededor de 1.700 obstetras para verificar quiénes contaban con colegiatura y quiénes no. De este proceso, se detectó que 352 obstetras titulados no tenían colegiatura en la orden profesional que lidera.

“Sabemos que ha existido un grupo de personas que se hacían pasar por autoridades del colegio profesional, generando una estafa de tal magnitud. Han tenido que pasar por una colegiatura ‘ficticia’, les han entregado documentos que parecen diplomas de colegiatura y les han otorgado un número de COP que en realidad no tiene ningún valor legal. El Ministerio de Salud ha hecho un filtro de legalidad, ha verificado que estos documentos son inexistentes para el sistema estatal y los ha retirado de la lista de aptos”, sostuvo Moreno en Latina.

La otra versión rechaza esta interpretación. El grupo representado por la vicedecana Carmen Gamarra, de la gestión de Lizeth Regalado, sostiene que el ministerio no tiene competencia para dirimir una disputa interna y acusa al Minsa de haber tomado partido en un conflicto que —según afirman— se encuentra en discusión en otras instancias.

Sigue el conflicto

El caso trascendió el ámbito administrativo. La gestión liderada por Moreno presentó denuncias penales por presuntos delitos de usurpación de funciones y falsedad en la emisión de colegiaturas. Según esta directiva, se habrían entregado documentos sin validez legal a cambio de pagos, aprovechando el control de la página web principal del colegio, lo que provocó un perjuicio económico y profesional a las obstetras que los recibieron. Por otra parte, también se han interpuesto acciones legales vinculadas a los hechos ocurridos durante la toma del local institucional y la disputa por la representación formal del colegio.

La gravedad del conflicto ya había sido advertida. En marzo de 2026, la Contraloría alertó sobre la posible circulación de documentos sin respaldo legal dentro del colegio profesional, lo que podía afectar procesos como el SERUMS. Sin embargo, la advertencia no evitó que el problema se trasladara al proceso de adjudicación de plazas.

Hoy, el Colegio de Obstetras del Perú permanece dividido, con dos grupos que reclaman legitimidad, sedes en disputa y procesos judiciales abiertos. La crisis no solo ha deteriorado la institucionalidad del gremio, sino que ha tenido un impacto directo en el acceso de profesionales al sistema público de salud. A la espera de una definición en el ámbito judicial, el caso sigue abierto y con consecuencias que trascienden lo estrictamente corporativo.