Perú, manual práctico para dispararse al pie en energía y transporte

Si de política pública se trata, el Perú tiene la extraña habilidad de dispararse al pie y, en energía y transporte, lo hace con precisión quirúrgica.

Nuestro sistema de transporte descansa casi por completo en el uso de recursos fósiles importados, caros y altamente contaminantes. Pero, además, hemos construido con entusiasmo un sistema que los subsidia para dar la ilusión de que son baratos. Esto ocurre de tres formas, el Estado amortigua el precio de los combustibles, reduce o evita que se les impongan impuestos y no les cobra los costos reales de contaminar. Y todo esto, por supuesto, con cargo al dinero de todos los peruanos, porque aquí no hay medidas mágicas, al final de una forma u otra siempre alguien paga la cuenta y ese alguien somos nosotros.

El Fondo Monetario Internacional estima que el Perú subsidia el uso de combustibles fósiles cada año por un aproximado del 4 % de su PBI. Eso equivale a cientos de millones de dólares, dinero que beneficia principalmente a importadores y comercializadores de combustible, mientras mantiene a los usuarios atrapados en el mismo bucle.

En resumen, importamos combustibles caros, los subvencionamos para que parezcan baratos, sostenemos ese círculo vicioso y luego pretendemos que tecnologías como la electromovilidad compitan en ese contexto desigual. La consigna parece clara, hacer que cualquier alternativa limpia sea inviable.

Lo que hasta hoy se ha hecho en electromovilidad en el Perú, son medidas aisladas, sin articulación y sin resultados. Se aprobó el Fondo para el Impulso a la Electromovilidad que nunca se reglamentó, por lo que, en la práctica, nació muerto. Y lo más insólito fue un dictamen aprobado por mayoría en el Congreso para, supuestamente, promover el transporte verde, pero incluía también incentivos para vehículos a diésel, como hacer una campaña para dejar de fumar regalando cigarrillos. ¿Cómo algo así de incoherente pudo prosperar? Probablemente se trate de un caso que requiere menos economistas y más psiquiatras forenses.

Si el Perú quiere transitar en serio hacia la electromovilidad, la condición previa es dejar de subsidiar el uso de combustibles y corregir una distorsión que hoy impide que el sistema cambie y que por el contrario funcione como una barrera prácticamente infranqueable.

Pero, en medio de este panorama, que por momentos parece insalvable, queda al menos un consuelo. Somos un país inmensamente rico en recursos energéticos renovables para la generación eléctrica, una condición indispensable para impulsar la electromovilidad. Porque, claro, sería poco sensato apostar por ella sobre un sistema eléctrico con predominio fósil, aunque ya hemos comprobado que en el Perú lo absurdo no solo es posible, sino que suele prosperar.

Una segunda ventana de oportunidad es el próximo cambio de gobierno. Se irán quienes al igual que todos los otros que los antecedieron no mostraron mayor interés en cambiar las cosas y, con algo de suerte, quizá tengan ganas de hacerlo mejor.

El primer paso debería ser revisar todos los subsidios, directos e indirectos, explícitos o disfrazados, que favorecen a los combustibles fósiles, y empezar a desmontar aquello que hoy funciona como una barrera para el ingreso de tecnología limpias en el transporte.

No hay que inventar nada. Países vecinos como Chile ya avanzan en esa dirección y cuentan con alrededor de 3000 buses eléctricos en su sistema de transporte. Como contraste, y casi como broma, el Perú apenas tiene 20 buses eléctricos en circulación.

Lo que se necesita es una estrategia nacional real, con metas, plazos, incentivos claros y reglas estables. Debe definir cuántos buses eléctricos se requieren, en qué plazos y cómo se financiarán; además de impulsar la construcción de infraestructura de carga, garantizar su interoperabilidad y articularla con la planificación urbana. Todo lo que no apunte a cambios reales y a una política con propósito de cambio, solo es maquillaje.

Eliminar subsidios no es popular, requiere decisión. Al final, estos “regalos” funcionan como un populismo rentable, generan réditos políticos y benefician sobre todo a quienes ven crecer su participación de mercado y, en ese caso concreto a costa que los peruanos paguemos más por respirar aire tóxico y de los más tóxicos de la región.

Seguir dependiendo de recursos energéticos costoso, que no producimos, que debemos importar y que están sujetos a la logística y al juego geopolítico de las grandes potencias, es un riesgo que ya no debemos seguir asumiendo.