
La muerte de 5 jóvenes en un operativo militar en Huancavelica ha conmocionado al país y puso bajo escrutinio a las autoridades nacionales. El hecho, ocurrido la madrugada del 25 de abril en el distrito de Colcabamba, generó versiones contradictorias entre la versión oficial de las Fuerzas Armadas y los testimonios de familiares y autoridades locales, quienes han cuestionado la legitimidad del procedimiento militar y demandan una investigación exhaustiva.
En respuesta, el Congreso de la República recibió una moción de orden del día presentada por el congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular), que solicita citar de manera urgente al ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, quien apenas lleva una semana en el cargo. La intención es que el titular del sector brinde explicaciones detalladas ante el Pleno sobre los hechos y las medidas adoptadas para esclarecer las circunstancias que rodearon la intervención militar. El texto enfatiza: “Exigen el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades”.
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La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja abrió investigación preliminar contra 8 militares y 3 civiles por presunto homicidio calificado, tras la muerte de 5 personas y heridas a 2 más en una intervención atribuida originalmente a una reacción en legítima defensa. Según el comunicado conjunto N.º 001-2026-CCFFAA-PNP, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional afirmaron que la patrulla habría sido atacada con armas de fuego por presuntos narcotraficantes, y que el personal actuó conforme al artículo 20, inciso 3, del Código Penal. Sin embargo, nuevos testimonios recogidos por el medio digital Epicentro TV y la moción congresal ponen en entredicho esa versión.

La hipótesis propuesta por varias fuentes en la región sostiene que pudo haber un uso desproporcionado de la fuerza, con víctimas ajenas a actividades ilícitas. El mismo día de la intervención, el Comando Operacional del Este informó sobre un supuesto enfrentamiento con “personas vinculadas a actividades ilícitas relacionadas con el narcoterrorismo”; la moción puntualiza que “información posterior habría puesto en cuestión dicha versión inicial”.
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Piden convocar al ministro de Defensa tras fallecimiento de jóvenes en operativo militar
El documento presentado por Soto Palacios invoca los artículos 68 y 84 del Reglamento del Congreso, que faculta a los congresistas a solicitar la comparecencia de ministros ante el pleno para asuntos de interés nacional, mediante una moción de orden del día. En esta ocasión, el congresista justifica la urgencia de la convocatoria, señalando la necesidad de “garantizar la transparencia, el control político y el respeto a los derechos fundamentales”.
La moción especifica que el ministro debe informar de manera detallada sobre lo ocurrido el 25 de abril y sobre las “medidas adoptadas para el esclarecimiento de los hechos y las acciones implementadas para evitar la repetición de situaciones similares”. Además, se refiere a la “inasistencia del titular del sector Defensa a convocatorias previas del Congreso, como ocurrió el 27 de abril de 2026 en la Comisión de Defensa Nacional del Congreso”.
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Fragmentos centrales de la moción citan directamente la preocupación de los allegados de las víctimas: “Familiares de las personas fallecidas han manifestado que estas se dedicaban a actividades agrícolas y que se encontraban transitando por la zona tras participar en actividades recreativas, negando cualquier vinculación con actividades ilícitas”. El texto parlamentario respalda la exigencia de la ciudadanía y la necesidad de “determinar responsabilidades”.
Las acusaciones que circulan por diversos medios de comunicación y la opinión de actores locales ponen el foco sobre “un uso presuntamente desproporcionado de la fuerza”, según consta en la moción.
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En una impactante declaración, uno de los sobrevivientes del incidente del 25 de abril cuenta su verdad. Afirma que fue coaccionado por militares para firmar un acta incriminatoria bajo amenaza de muerte, después de que no encontraran nada ilícito en su vehículo. Epicentro
Fiscalía investiga muertes en operativo militar en Huancavelica
El Ministerio Público, el órgano de investigación fiscal de Perú, inició la investigación del caso bajo la dirección de la fiscal Zina Romero Chávez, tras los hechos ocurridos en la carretera Colcabamba-Ayacucho. Las diligencias incluyen pericias balísticas, exámenes de absorción atómica y la incautación de teléfonos celulares y el vehículo de los jóvenes, con el fin de esclarecer si existió un enfrentamiento real o un procedimiento irregular, conforme informó el medio digital Epicentro TV.
El alcalde de Pucacolpa, Rogelio Tovar, en diálogo con Epicentro TV, relató que los jóvenes fallecidos habían participado en un campeonato distrital de fútbol, la Copa Perú, y aprovechaban sus vacaciones para permanecer en sus comunidades antes de regresar a Huancayo, donde cursaban estudios. Tovar describió que, la madrugada del incidente, viajaban en una camioneta cuando fueron detenidos por 8 militares que colocaron piedras en la vía, una práctica comúnmente relacionada con asaltos y no con protocolos militares regulares.
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Tovar indicó: “los 8 militares han ido a asaltar, pues supuestamente salen droga por ahí, por esa causa han ido ellos contra los jóvenes”. Según el alcalde, el operativo no cumplió con las condiciones mínimas habituales, ya que los controles territoriales suelen implicar grupos mayores de efectivos. Esto alimenta la alternativa de que los jóvenes fueran confundidos con “mochileros” vinculados al traslado de droga.
La moción y el testimonio del alcalde coinciden al señalar la ausencia de pruebas que relacionen a las víctimas con el narcotráfico y la existencia de “una exigencia social para que los hechos se esclarezcan pública y exhaustivamente”. La investigación fiscal, encabezada por Romero Chávez, deberá determinar si el personal militar incurrió en homicidio calificado y si hubo exceso en el uso de la fuerza durante la intervención.
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