El INPE aclara que interno acusado de manejar extorsiones desde el penal no está recluido en Challapalca

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) precisó que Lucio Moreno Jaque, señalado como presunto líder de una organización criminal que aún extorsionaba empresas de transporte desde prisión, no se encuentra en el penal de Challapalca, sino en Juliaca, donde cumple condena desde diciembre de 2025.

El INPE emitió un comunicado para desmentir informaciones difundidas en medios sobre la ubicación de Lucio Moreno Jaque. Según la institución, el interno está recluido en el Establecimiento Penitenciario de Juliaca y no en Challapalca, como se había señalado en reportes relacionados con investigaciones sobre extorsiones a transportistas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la diligencia que involucró a Moreno Jaque ocurrió el 18 de abril de 2026, cuando representantes del Ministerio Público y efectivos de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) allanaron su celda en Juliaca en el marco de una investigación iniciada en 2023.

El INPE subrayó que la medida fue autorizada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Puente Piedra bajo la Resolución Judicial N.° 04. Durante la intervención, se procedió al lacrado de manuscritos, un cuaderno de notas y un certificado de registros públicos relacionados con un inmueble. La institución remarcó que colaboró plenamente con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, facilitando el desarrollo de las diligencias.

Sobre la organización criminal

El proceso de investigación contra Lucio Moreno Jaque se originó en 2023 y no obedece a hechos recientes, según puntualizó el INPE. Él se encuentra privado de libertad desde el 1 de diciembre de 2025 en Juliaca, penal de alta seguridad. El caso está vinculado a la supuesta dirección de una organización dedicada a la extorsión de empresas de transporte en el norte del país.

Latina Noticias reportó que, tras un megaoperativo en el Cercado de Lima, se desarticuló parte de la estructura de ‘Los Despiadados de Ancón 2’, en la que Moreno Jaque habría actuado como cabecilla desde prisión.

De acuerdo con el medio, la banda utilizó mecanismos como declaraciones juradas firmadas por víctimas donde negaban haber sido extorsionadas, con el objetivo de proteger legalmente a los líderes en caso de operativos policiales.

El jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), coronel Robert Trujillo, indicó que esta modalidad sorprendió a los agentes, pues no se habían encontrado documentos similares en intervenciones anteriores contra bandas de extorsión.

Modus operandi

La estructura de la organización estaba basada en roles definidos. Mientras Moreno Jaque daba instrucciones desde la cárcel, su lugarteniente, Ángel Rosales Guzmán (alias “Negro Ángel”), se encargaba de ejecutar los cobros y coordinar el control sobre el sector transporte. Rosales Guzmán fue detenido durante el operativo y admitió su participación en el esquema.

Según la información recogida por Latina Noticias, la banda operaba en el paradero Fundición Zapallal, exigiendo pagos periódicos a empresas de colectivos, taxis y autobuses interprovinciales. Mantenían un registro de los contactos de las víctimas, lo que facilitó la identificación de los afectados y la reconstrucción de la red de extorsión por parte de las autoridades.

El sistema incluía represalias para quienes no cumplían con los pagos. Las sanciones podían duplicar o triplicar el monto original adeudado y, en casos extremos, derivaban en actos violentos. Un caso documentado ocurrió en julio de 2024, cuando un trabajador del sector transporte fue asesinado tras ser señalado como informante de la policía.