Un megaoperativo realizado en el Cercado de Lima permitió a la policía desarticular parte de la estructura de 'Los Despiadados de Ancón 2′, una organización criminal que introdujo mecanismos innovadores para evadir la justicia. Según reportó Latina Noticias, el cabecilla del grupo, Lucio Moreno Jaque, dirigía las operaciones desde una prisión de alta seguridad en Juliaca, lo que permitió que la banda mantuviera el control en el cono norte de la capital a pesar de intervenciones previas.
Durante la intervención, la policía halló declaraciones juradas firmadas por varias víctimas, en las que negaban haber sido extorsionadas. Este recurso tenía como finalidad proteger legalmente a los líderes del grupo en caso de operativos o investigaciones, presentando supuestas pruebas en su defensa.
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El coronel Robert Trujillo, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), expresó que la modalidad sorprendió a los agentes, ya que no se habían encontrado documentos similares en operativos anteriores contra bandas de extorsión.
La estructura y el modus operandi
La estructura de la organización contemplaba roles definidos para cada integrante. Mientras Moreno Jaque daba las órdenes desde prisión, su lugarteniente, Ángel Rosales Guzmán (conocido como “Negro Ángel”), ejecutaba los cobros y coordinaba el control sobre el sector transporte. Rosales Guzmán fue capturado durante la intervención y reconoció su participación en el esquema ante las autoridades.
La organización operaba desde el paradero Fundición Zapallal y exigía pagos regulares a empresas de colectivos, taxis y autobuses interprovinciales. Además de los cobros, la banda mantenía un registro de los números de contacto de las víctimas, lo que facilitó a la policía la identificación de los afectados y la reconstrucción de la red de extorsión.
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El esquema también incluía represalias para quienes no cumplían con las cuotas, llegando a aplicarse multas que duplicaban o triplicaban el monto original y, en casos extremos, actos violentos. Un caso emblemático se produjo en julio de 2024, cuando un trabajador del sector fue asesinado tras ser señalado como supuesto informante de la policía.
Además, los obligaba a comprar tarjetas de “pollada” inexistentes cada mes, cuyo valor oscilaba entre 20 y 25 soles. Estas tarjetas no tenían relación con ningún evento real y funcionaban únicamente como mecanismo de extorsión encubierta.
“Les cobraban semanalmente alrededor de S/ 1.000 y también por cada salida de vehículo S/20″, relató Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado.
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El sistema de cobros estaba respaldado por amenazas y sanciones económicas. Si algún transportista no cumplía con los pagos o la compra de las tarjetas, la banda aplicaba multas que podían duplicar o triplicar la deuda inicial. El control del esquema y la vigilancia sobre las víctimas se realizaba a través de una estructura jerárquica: Moreno dirigía desde prisión y su lugarteniente, Ángel Rosales Guzmán, ejecutaba las órdenes en el terreno.
Rosales Guzmán intentó escaparse cuando ingresaron al inmueble, por lo que la policía tuvo que disparar al aire.
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