En San Juan de Miraflores, la empresa de transporte conocida como “Los Rojitos” enfrenta una nueva amenaza que agrava la situación de inseguridad en sus rutas. Conductores reportan la aparición de una tercera banda criminal que busca imponer cobros extorsivos, en medio de un contexto marcado por ataques recientes y temor constante entre los trabajadores.
El hecho más reciente incluye la difusión de un video en el que sujetos armados realizan más de diez disparos en un paradero de Pamplona Alta. Las imágenes circularon entre los choferes como un mensaje directo. La secuencia se registró durante la madrugada y forma parte de una cadena de amenazas que no se detiene.
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Las consecuencias se reflejan en la operatividad del servicio. La cantidad de unidades en circulación disminuye de forma notoria, mientras usuarios deben adaptarse a la escasez de transporte. La presión económica y el riesgo diario condicionan la continuidad del trabajo en esta línea.
Una tercera banda entra en escena
El nuevo episodio confirma la presencia de un tercer grupo delictivo que interviene en la zona. Según la información recogida, estos sujetos no solo buscan intimidar, sino también posicionarse dentro del sistema de cobros ilegales que afecta a los transportistas.
El video difundido muestra disparos al aire como advertencia. Este material se envía mediante aplicaciones de mensajería, donde los conductores son agregados a grupos sin autorización previa. Desde allí reciben amenazas acompañadas de imágenes de ataques.
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Esta modalidad refuerza una práctica extendida en el sector: la coexistencia de varias bandas que exigen pagos paralelos o bajo distintas identidades.
Menos unidades en las calles
El temor impacta de forma directa en la cantidad de vehículos en servicio. Un conductor indicó que “menos de la mitad, ya veinte, treinta, por lo menos veinte nomás están trabajando”, lo que refleja una caída considerable en la flota operativa.
Varios choferes optaron por retirar sus unidades ante el riesgo. Otros continúan trabajando bajo presión. “Con esa constancia no podemos salir a trabajar”, expresó uno de ellos, en referencia a la frecuencia de las amenazas.
La empresa mantiene convocatoria abierta para nuevos conductores, aunque el contexto desalienta la incorporación. La inseguridad condiciona cualquier intento de normalizar el servicio.
Los montos exigidos siguen un esquema definido. Los grupos criminales solicitan sesenta soles semanales por unidad, lo que equivale a diez soles diarios. Además, imponen un pago inicial de cuarenta mil soles para operar.
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Este sistema se suma a los costos propios del trabajo. “Encima que está subido el petróleo, toda la cosa. Ahorita ha subido todo”, señaló un conductor, quien también explicó que la situación actual dificulta sostener la actividad.
La combinación de pagos ilegales y gastos operativos genera una presión constante sobre los transportistas.
Antecedentes recientes de violencia
El caso actual se vincula con ataques previos registrados en la misma zona. El 17 de marzo, un conductor y dos pasajeras murieron tras un atentado en la avenida Miguel Iglesias. Un sujeto encapuchado interceptó la unidad y disparó.
Desde entonces, las amenazas continúan. Según la información disponible, cerca de 300 conductores permanecen en riesgo. Los mensajes intimidatorios incluyen videos, audios y ataques a unidades estacionadas.
Usuarios afectados por la reducción del servicio
La disminución de combis en circulación afecta a los vecinos de Pamplona Alta. Usuarios, entre ellos madres con niños, recorren varias cuadras a pie ante la falta de transporte disponible.
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La escasez de unidades modifica la dinámica diaria en la zona. La demanda supera la oferta, lo que obliga a buscar alternativas o extender los tiempos de traslado.
Este escenario se repite en distintas rutas de Lima, donde el transporte urbano enfrenta presiones similares por parte de organizaciones criminales que buscan controlar el cobro de cupos.
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