La reciente eliminación de la obligación de aportar al sistema de pensiones para trabajadores independientes en Perú ha generado reacciones divididas entre especialistas y sectores afectados. Según reportó Andina, la medida, que libera a los independientes de contribuir a la AFP o la ONP, representa un alivio económico inmediato, aunque especialistas advierten sobre riesgos significativos para la protección social en el largo plazo.
El economista César Lavado, coordinador especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte (UPN), explicó que la disposición derogada obligaba a los independientes a aportar de manera progresiva desde 2028, comenzando con un 2% de sus ingresos y llegando hasta un 5%. Con este esquema, quienes alcanzaran 240 aportaciones podrían acceder a una pensión mínima con respaldo estatal en caso de brechas en la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).
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Lavado resaltó que la eliminación de la obligación de aportar permite a los independientes disponer de mayor liquidez en escenarios donde enfrentan deudas con tasas elevadas. Sin embargo, advirtió que esta decisión también deja sin mecanismos de ahorro previsional a quienes no cuentan con otros instrumentos, exponiéndolos a vulnerabilidades económicas en la vejez.
Nueva normativa y riesgos
De acuerdo con Andina, la norma eliminada establecía que los independientes debían realizar aportes graduales, con el objetivo de alcanzar 240 contribuciones que les permitieran acceder a una pensión mínima. El Estado ofrecía respaldo económico en caso de que el fondo previsional no cubriera el monto requerido para la pensión, tanto en la ONP como en las AFP.
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La ausencia de aportes previsionales, enfatizó Lavado, podría trasladar una mayor carga financiera al Estado en el futuro. “Si las personas no generan un fondo de ahorro, el consumo a futuro se contrae, lo que también impacta en la economía y el empleo”, indicó el especialista. Además, anticipó que el Estado podría verse obligado a ampliar la cobertura de programas sociales como Pensión 65, destinados a adultos mayores sin pensión.
El especialista destacó que los independientes sin mecanismos alternativos de ahorro enfrentarán dificultades para sostener su calidad de vida tras la jubilación. Esta situación podría intensificar la presión sobre los recursos públicos, en un contexto de necesidades crecientes por parte de la población adulta mayor.
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Impacto en la economía personal
Un aspecto clave subrayado por Lavado es el dilema entre la liquidez inmediata y la seguridad previsional a largo plazo. Si bien el acceso a fondos sin obligación de ahorro ayuda a enfrentar deudas y situaciones de emergencia, la falta de un fondo previsional puede afectar el consumo futuro y la estabilidad financiera de los trabajadores independientes.
La desconfianza hacia el sistema previsional también ha crecido a raíz de los bajos rendimientos de los fondos en años recientes. Esta situación ha impulsado iniciativas legislativas para permitir el retiro de fondos de las AFP, una tendencia que, según Lavado, puede tener efectos adversos en el mediano y largo plazo si los recursos no se destinan a inversión o pago de obligaciones.
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Entre el 20% y el 30% de la población peruana trabaja de forma independiente, según estimaciones. Muchas de estas personas perciben ingresos variables, lo que dificulta la continuidad de los aportes mensuales y complica la implementación de esquemas obligatorios uniformes.
Propuestas de reforma y perspectivas
Frente a este escenario, Lavado recomendó en Andina promover espacios de diálogo entre autoridades, gremios y especialistas con el fin de diseñar mecanismos de ahorro previsional más flexibles y adaptados a la realidad de los trabajadores independientes. El economista también planteó la necesidad de modernizar el sistema privado de pensiones, permitiendo la participación de nuevas entidades financieras que ofrezcan instrumentos alternativos y opciones más atractivas, con rendimientos competitivos y condiciones claras.
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El próximo gobierno, subrayó el especialista, debería revisar la normativa vigente y promover cambios que respondan a las expectativas de los usuarios, quienes han manifestado insatisfacción por los resultados del sistema en ciertos periodos. Lavado consideró clave que cualquier reforma contemple diferencias por edades y niveles de ingreso, para evitar medidas generalizadas que puedan favorecer a unos grupos y perjudicar a otros.
La propuesta original exigía aportes desde 2028, partiendo de un 2% y llegando hasta un 5%, con el requisito de 240 contribuciones para acceder a una pensión mínima. La eliminación de esta obligación reabre el debate sobre cómo garantizar la protección social y financiera de los trabajadores independientes en el Perú.
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