Convocan paro indefinido en Megantoni por crisis ambiental que persiste desde hace más de un mes tras deflagración de gas natural

Las comunidades indígenas del Bajo Urubamba, en la provincia de La Convención, Cusco, anunciaron el inicio de un paro indefinido en el distrito de Megantoni a partir del 17 de abril. La medida responde al incumplimiento del Gobierno peruano para atender una emergencia ambiental provocada por un incidente en una tubería de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), empresa operadora de ductos de gas natural, que ha generado riesgos para la salud y el entorno de la zona.

El Comité de Gestión del Bajo Urubamba (CGBU), junto a organizaciones indígenas principales como CECONAMA, FECONAVYY, CECOABU y COMARU, confirmó que el paro será total, afectando tanto el transporte fluvial como terrestre y paralizando actividades públicas y privadas en toda la cuenca Megantoni-Bajo Urubamba. Los dirigentes indígenas exhortaron a la población a abastecerse de alimentos y productos esenciales, y a evitar desplazamientos innecesarios durante la protesta.

El conflicto surge tras la deflagración de gas en un ducto de Camisea, ocurrida el 1 de marzo en el sector Saringabeni, distrito de Megantoni. De acuerdo con Tomás Delgado, gerente de la TGP, el incidente se produjo durante una operación rutinaria de mantenimiento preventivo y generó una crisis de acceso al gas natural en la región Lima. El evento dejó a trabajadores heridos y provocó síntomas en pobladores cercanos, como mareos y náuseas, a causa de la exposición al gas.

Falta de respuesta estatal y riesgo ambiental: las razones del paro indefinido

La decisión de acatar un paro indefinido fue adoptada por unanimidad en la Asamblea General del 8 de abril de 2026, según informó el Comité de Gestión del Bajo Urubamba. “La medida se sustenta en la falta de respuesta estatal” a la emergencia ambiental en el kilómetro 43 del sistema de transporte de gas, que ha puesto en riesgo la vida, la salud y el territorio de las comunidades indígenas. El CGBU detalló que no habrá tránsito de transporte fluvial ni terrestre y se implementarán puntos de control en Ticumptinia, Nuevo Mundo y Camisea.

Las organizaciones convocantes exhortaron a la población a mantener la calma, abastecerse previamente y cumplir las disposiciones para garantizar la seguridad durante la protesta. También advirtieron que, de no recibir una respuesta concreta del Estado, las acciones de lucha podrían radicalizarse.

La paralización responde a la falta de respuesta del Ejecutivo, que no emitió comunicación oficial tras el plazo de 48 horas otorgado por las organizaciones para atender la emergencia. Esta inacción, según las entidades indígenas, podría constituir una infracción constitucional y penal, al vulnerar el deber del Estado de proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

Denuncian vulneración de derechos indígenas y riesgo ambiental

El Comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba declaró el distrito de Megantoni en alerta territorial ante el incumplimiento del Estado. La ausencia de respuesta estatal se considera una vulneración al principio de debida diligencia, incrementando el riesgo de daños irreparables en los ámbitos ambiental, sanitario y cultural.

Las organizaciones indígenas principales advirtieron que esta inacción podría generar responsabilidad internacional para el Estado peruano, de acuerdo con normas como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En este marco, el CGBU llamó a la vigilancia permanente y a la movilización de todas las comunidades del Bajo Urubamba.

Se solicitó la intervención del Ministerio Público, órgano fiscalizador estatal, y de la Defensoría del Pueblo, defensor estatal de derechos humanos, para que inicien acciones legales por la puesta en peligro de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Las organizaciones recalcaron que no tolerarán más indiferencia estatal ni vulneraciones a su integridad y formas de vida.

Demandas, llamados y medidas adoptadas durante el paro en el Bajo Urubamba

Entre las principales demandas, las organizaciones indígenas exigen la intervención inmediata y efectiva del Estado frente a la emergencia ambiental, así como el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales e internacionales para la protección del territorio y la salud de los pueblos originarios.

Las bases comunitarias permanecen en alerta y acatan los acuerdos de la Asamblea General, manteniendo puntos de control y vigilancia territorial. Las organizaciones han convocado a reuniones de emergencia para definir nuevas acciones en defensa de sus derechos, bajo el marco de la autonomía reconocida por la Constitución peruana y tratados internacionales.

El CGBU y sus aliados insisten en la necesidad de garantizar procesos de consulta previa, libre e informada para cualquier intervención que afecte los territorios indígenas, así como la implementación de mecanismos efectivos de prevención y reparación de daños ambientales.

Deflagración de gas en Megantoni desató grave crisis

La deflagración de gas reportada el 1 de marzo en el kilómetro 43 de la tubería de la TGP, empresa operadora de ductos de gas natural, causó que trabajadores y pobladores cercanos presentaran síntomas de intoxicación tras la explosión. Según Tomás Delgado, gerente de la TGP, el incidente ocurrió durante un "mantenimiento preventivo", sin observaciones previas en la infraestructura.

La crisis afectó el suministro de gas natural vehicular (GNV) en la región Lima, lo que llevó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a restringir la distribución para priorizar el abastecimiento de buses del transporte público masivo. Según el titular del MTC, Aldo Prieto Barrera, se priorizó el suministro para aproximadamente 6 mil buses del sistema metropolitano, los corredores complementarios y servicios de transporte al aeropuerto.