La suspensión de una magistrada en la región amazónica por retrasar un fallo judicial expone las tensiones dentro del sistema judicial del país. La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de Loreto sancionó a la exjueza del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Maynas, M. Z. P. G., con una suspensión de un mes tras detectarse una demora de casi dos años en la emisión de una sentencia en un proceso penal inmediato, según informó LP Derecho.
El caso se originó en el expediente 4637-2019-50-1903-JR-PE-05, donde la magistrada, tras dirigir una audiencia oral el 13 de diciembre de 2022, no emitió el fallo dentro del plazo legal. De acuerdo con el citado medio, un especialista judicial descubrió la omisión al asumir el despacho en octubre de 2024, observando que los autos llevaban un año y diez meses listos para ser resueltos sin pronunciamiento.
Esta situación forzó la repetición de la audiencia, lo que impactó en el avance procesal y generó un nuevo retraso para todas las partes involucradas. La investigación disciplinaria, identificada como 0618-2024-ODANC-LORETO, se inició tras un oficio presentado por el juez Juan Abelardo Chiong Amasifuen, quien notificó la anomalía.
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Jueza no presentó descargos
Durante el proceso, la exjueza no presentó descargos ni justificó su conducta frente a los órganos de control. Asimismo, la Odanc determinó la existencia de una “falta administrativa muy grave”, sustentada en la infracción del artículo 48, inciso 14, de la Ley de la Carrera Judicial.
La resolución sancionadora reveló que la exmagistrada acumulaba 25 sanciones disciplinarias previas, consistentes en multas, amonestaciones y apercibimientos. Estos antecedentes influyeron en la decisión de imponer la suspensión de treinta días.
El órgano de control consideró que la funcionaria no solo incumplió los plazos legales, sino que tampoco presentó razones suficientemente justificadas para la demora, ni siquiera por carga laboral.
Otra funcionaria pública en la mira de la PNP
Carmen López Chávez, exfiscal peruana, protagonizó un caso que expuso las fallas del sistema judicial tras pasar de practicante en el Ministerio Público a líder de una organización internacional de narcotráfico. Su vínculo con José Bonifacio Muñoz Tarazona, alias ‘Tití’, comenzó cuando ella accedió a expedientes reservados y, en lugar de colaborar en su procesamiento, entabló una relación amorosa con el investigado.
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Aprovechando su posición y sin pensar los riesgos que esto llevaría, López Chávez se convirtió en la principal operadora de la red, coordinando la compra de pasajes y la logística para burriers encargados de trasladar cocaína a Europa, especialmente a países como España, Francia e Italia.
La fiscalidad de López Chávez no solo facilitó la protección de la organización, sino que también involucró a su entorno familiar, ya que su madre y hermano fueron señalados como presuntos testaferros. Tras el asesinato de Tití en 2024, la exfiscal asumió el mando de la banda. Un operativo de la DIRANDRO permitió allanar su vivienda, incautar bienes de lujo y detener a varios integrantes, aunque ella permanece prófuga. Solicitó vacaciones en su trabajo, pero no se lo dieron.
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