A plena luz del día, frente a un colegio y en una zona transitada de Piura, ciudad ubicada al norte del Perú, la muerte de la médica pediatra Minoska Pinto, de 38 años de edad, no fue producto del azar. Tampoco de una confusión. Según la Policía Nacional (PNP), fue un crimen dirigido, planificado y ejecutado con precisión.
“No hubo confusión; el objetivo directo era la doctora Minoska Pinto”, enfatizó el general Daniel Jares, jefe policial a cargo de las investigaciones, en diálogo con la prensa peruana dos días después del crimen.
El asesinato ocurrió el 11 de abril en la urbanización San Felipe cuando la galena llegaba a su vivienda. Un hombre de polo blanco y short negro con arma de fuego se le acercó y le propinó dos disparos a quemarropa. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad y ocurrió ante la mirada de vecinos, padres de familia y escolares.
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Coordinaron un seguimiento para matarla
Las diligencias permitieron reconstruir los momentos previos al crimen. La víctima fue seguida durante aproximadamente 13 minutos desde que salió de su centro de trabajo hasta llegar a su casa.
En ese trayecto, habría participado Christian Socolá Bayona (22), sindicado como el “marcador”. En su poder se hallaron elementos clave: fotografías de la doctora y un croquis detallado de sus movimientos habituales, desde la clínica hasta su domicilio.
El ataque se concretó cuando la víctima descendía de su vehículo y se encontraba en la puerta de su vivienda a donde se decidía ingresar. El presunto autor de los disparos, identificado como Luis Alejandro Rojas Guillén (22), alias “Cara de Chancho”, permanece prófugo.

Junto a ellos, Junior Miñán Seminario (19) habría cumplido el rol de conductor de la motocicleta. En su declaración, admitió su participación, aunque aseguró que creía que se trataba de un robo y no de un asesinato.
La pista del encargo: S/10 mil y un vínculo cercano
Uno de los giros más relevantes del caso surgió a partir de las declaraciones recogidas por la Policía. Según el general Jares, el conductor de la moto señaló que quien ordenó el crimen sería la expareja de la víctima.
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“El que había ordenado la muerte era su esposo, quien habría pagado la suma de 10 mil soles por acabar con su pareja”, indicó.
A partir de esta información, agentes se trasladaron hasta Talara, donde fue intervenido William Seminario Girón (39), expareja de la médica. Actualmente se encuentra detenido mientras se desarrollan las diligencias iniciales.
Los celulares de los implicados han sido enviados a laboratorio para el análisis de llamadas, mensajes y posibles comunicaciones borradas que permitan confirmar o descartar esta hipótesis.
Más detenidos y una red bajo la lupa

El caso no se limita a tres nombres. En paralelo, la Policía ejecutó operativos que derivaron en la detención de al menos diez personas, algunas de ellas encontradas en inmuebles vinculados a los investigados.
Durante las intervenciones se incautaron armas de fuego, municiones e incluso droga, cerca de un kilo de marihuana en uno de los domicilios. Varios de los detenidos presentan antecedentes por delitos como robo y hurto.
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La defensa responde y cuestiona la acusación
Desde el otro lado, la defensa legal de William Seminario ha rechazado su implicancia directa en el asesinato.
Sostiene que su detención responde a la posesión de chips telefónicos y no a un delito de homicidio. De acuerdo con el acta de intervención, fue intervenido en flagrancia por posesión ilegítima de tarjetas SIM, tras hallarse en su poder cinco chips cuya procedencia no pudo justificar, además de celulares y tarjetas bancarias.
También aseguran que el investigado se encontraba en Talara al momento del crimen, que no eliminó mensajes y que conserva las conversaciones con la víctima. Según su versión, la relación entre ambos se había deteriorado y estaban distanciados.
Un móvil aún en investigación
Aunque la versión del sicariato por encargo cobra fuerza, el móvil del crimen todavía no ha sido confirmado oficialmente hasta el cierre de esta nota. “Presumimos que sería una cuestión sentimental, pero aún está en investigación”, precisó el general Jares.
Por ahora, la Policía continúa analizando evidencia clave, especialmente el contenido de los teléfonos incautados, que podría esclarecer si hubo coordinación directa para ejecutar el asesinato.
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