La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, virtual ganadora de la primera vuelta en Perú con 17,1% de votos según Ipsos, volverá a echar mano de una propuesta lanzada en su fallida campaña de 2021 para redistribuir el dinero del canon minero.
El plan de la hija y heredera política de Alberto Fujimori contempla el reparto directo de hasta 40% del canon en regiones donde predominan aún sectores que la rechazan en las urnas, como las zonas mineras de la sierra centro-sur.
Allí, el voto castillista, esta vez representado por Roberto Sánchez, se mantiene fuerte y el candidato de Juntos por el Perú se perfila también para acompañarla en la segunda ronda presidencial.
La propuesta: canon directo y millones en juego
Fujimori busca modificar el sistema de distribución del canon minero, el mecanismo por el cual el Estado peruano transfiere el 50% del Impuesto a la Renta que pagan las empresas mineras a los gobiernos regionales, municipalidades provinciales, distritales y universidades públicas.
Según cifras del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), solo en 2025, la actividad minera transfirió más de S/10.045 millones por concepto de canon, regalías y derechos de vigencia y penalidad, de los cuales el canon representó S/ 6.992 millones. Desde 2004 a 2025, el monto total distribuido supera los S/60.000 millones.
Estos recursos, que dependen directamente de los precios internacionales de minerales como el cobre y el oro, están destinados a financiar infraestructura, educación (universidades) y salud en las regiones productoras, aunque su volatilidad genera profundas diferencias año a año.
La propuesta de Fujimori plantea que hasta el 40% del canon minero sea entregado directamente a la población de las zonas de extracción, bajo control comunitario.
Según el plan de la candidata, el mecanismo ofrecería beneficios tangibles y rápidos a las comunidades, y pretende reducir el rechazo social a la minería, una de las principales actividades económicas del país.
Antecedentes: el óbolo minero y los límites de la redistribución
No es la primera vez que un gobierno o candidato propone transferencias directas a la población con fondos del sector extractivo.
Entre 2006 y 2011, bajo el segundo gobierno de Alan García, se implementó el llamado Óbolo Minero o “Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP)”.
Este acuerdo voluntario con las empresas mineras recaudó cerca de S/ 2.282 millones en cinco años, con un compromiso de S/ 500 millones anuales para obras sociales, activado solo cuando los precios internacionales superaban un umbral de referencia.
El óbolo representaba cerca del 3% de las utilidades netas del sector, pero su ejecución fue limitada, con solo un tercio de los fondos ejecutados a 2009 y críticas por eludir impuestos mayores.
En 2011, el esquema fue sustituido por nuevos tributos mineros obligatorios, como el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y el Gravamen Especial a la Minería (GEM), tras cuestionamientos a su bajo impacto y escaso alcance.
Objeciones técnicas y económicas: voces críticas
Durante la campaña de 2021, cuando Fujimori presentó por primera vez el reparto directo del canon, la propuesta fue duramente cuestionada por organizaciones especializadas y analistas económicos.
El Instituto Peruano de Economía (IPE) señaló que el canon, al ser un ingreso público volátil, debe usarse para cerrar brechas mediante inversión estatal y no para transferencias directas, ya que esto implicaría “abdicar a la reforma del sistema de inversión pública” y restar recursos a gobiernos regionales, municipalidades y universidades públicas.
El IPE advirtió que la disparidad en la repartición podría crear condiciones injustas y abrir la puerta a manipulaciones, además de exponer a la población a la volatilidad de los precios internacionales de los minerales.
El Grupo Propuesta Ciudadana interpretó la propuesta como una estrategia para reducir el rechazo social a la minería otorgando dinero a los habitantes de las zonas de inversión.
Según este colectivo, el rechazo social se explica por conflictos ambientales y sociales, principalmente vinculados al agua, y advirtió que cualquier cambio en el destino del canon requeriría una reforma legal a cargo del Congreso.
Por su parte, el Natural Resource Governance Institute (NRGI) cuestionó la sostenibilidad de financiar transferencias directas con ingresos volátiles y finitos, subrayando que modelos como el de Alaska se basan en fondos de inversión cuyos intereses, y no el capital, se reparten entre la población.
El NRGI señaló que la propuesta de Fujimori quitaría recursos esenciales a gobiernos subnacionales, generaría desigualdades entre regiones y no resolvería los problemas de fondo en la gestión de la renta minera.
¿Cuánto recibiría la población? Un cálculo y el impacto de la bonanza
Un análisis de Convoca.pe en aquella campaña calculó que, si se hubiera repartido el 40% del canon recibido en 2018 entre los mayores de 18 años de las regiones productoras, el beneficio anual por persona habría oscilado entre S/ 126 y S/ 205 en regiones como Cusco, Moquegua, Áncash y Callao.
El monto hubiera alcanzado entre S/ 61 y S/ 94 en Tumbes, Tacna, Apurímac, Arequipa, Huancavelica y Pasco, mientras que, en otras zonas como Amazonas, Huánuco y Lambayeque, el monto individual sería inferior a S/ 7 anuales, una cifra simbólica.
En el contexto 2026, con el oro cotizando entre USD 4.300 y USD 4.600 la onza troy y el cobre por encima de USD 5,5 la libra (más del doble de los valores promedios de 2018 y 2019), los ingresos por canon minero han alcanzado niveles históricamente altos.
Sin embargo, esta bonanza minera depende de la volatilidad de los mercados internacionales, por lo que los ingresos pueden variar drásticamente de un año a otro.
Más allá del canon: el plan fujimorista para la minería
El plan de Keiko Fujimori para el sector minero incluye también la modernización de la Ley General de Minería, la creación de fondos de innovación para la pequeña minería y la minería artesanal, incentivos para la integración de proveedores locales y mayores controles contra la minería ilegal.
Plantea, además, impulsar asociaciones público-privadas (APP) y Obras por Impuestos para mejorar la infraestructura logística (sobre todo vial) y energética en las regiones productoras.
El debate sobre el canon y su reparto directo vuelve a estar en el centro de la campaña electoral. En las regiones mineras, donde el voto sigue fragmentado entre distintas candidaturas, la discusión sobre cómo distribuir la renta de la minería permanece abierta, con millones de soles en juego y un futuro fiscal condicionado por la volatilidad internacional y la presión social por mayor equidad.
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