El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, fue denunciado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por el congresista Edwin Martínez, en medio de cuestionamientos por el desarrollo de las Elecciones Generales 2026. La acusación plantea su destitución del cargo y su inhabilitación para ejercer función pública por un periodo de 10 años.
La denuncia se sustenta en los problemas logísticos registrados durante la jornada electoral del 12 de abril, que provocaron que 211 mesas de sufragio no se instalaran. Como consecuencia, más de 53 mil ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al voto. En ese contexto, Martínez solicitó que se active el procedimiento de acusación constitucional, se realicen las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, se eleve el caso a la Comisión Permanente.
El documento también propone retirar a Burneo de su condición de vocal supremo titular de la Corte Suprema y, en consecuencia, de la presidencia del JNE. El eje de la acusación apunta a una presunta responsabilidad en la supervisión del proceso electoral y en la garantía del derecho al sufragio, en un escenario donde también se ha cuestionado el rol del jefe de la ONPE, Piero Corvetto.
Citación en la Comisión de Fiscalización
En paralelo a la denuncia constitucional, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó tanto a Roberto Burneo como al jefe de la ONPE, Piero Corvetto para este martes 14 de abril. La sesión busca esclarecer las fallas registradas durante la jornada electoral y determinar responsabilidades funcionales.
Corvetto deberá explicar las “causas estructurales y operativas que dieron lugar a las graves irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril de 2026”, así como las responsabilidades administrativas derivadas de estas fallas. Por su parte, Burneo tendrá que informar sobre la supervisión del proceso, la legalidad de las decisiones adoptadas y la respuesta institucional frente a los incidentes.
Entre los temas que deberá abordar el titular del JNE figuran la anulación de más de 200 mesas, la gestión de impugnaciones, la ampliación de horarios y la coordinación con la ONPE. Además, se evaluará si existieron alertas previas y qué medidas se adoptaron durante la jornada para mitigar el impacto de las fallas.
La sesión también contará con la participación del contralor general y el defensor del Pueblo, quienes informarán sobre las acciones desplegadas por sus instituciones en torno a los comicios.
Denuncia del JNE contra Corvetto y disculpas por las demoras
En este contexto delicado y con la transparencia de los comicios en duda, el JNE presentó una denuncia penal contra Piero Corvetto y tres funcionarios de la ONPE por los problemas registrados durante la jornada electoral. La acusación incluye presuntos delitos contra el derecho de sufragio, omisión o demora de actos funcionales y obstaculización del desarrollo del proceso.
Según el documento, existió una omisión en la fiscalización de la empresa encargada del transporte del material electoral, así como fallas en la implementación de herramientas tecnológicas que debían garantizar la eficiencia del escrutinio. La denuncia señala que estas deficiencias no constituyen un error aislado, sino una falla en el deber de diligencia.
El mismo domingo, Burneo ofreció disculpas públicas a la ciudadanía por las demoras en la entrega del material electoral. “Pedimos las disculpas como sistema por las incomodidades que esta situación haya causado. Vamos a determinar las responsabilidades que correspondan, pero lo más importante en estos momentos es que se garantice su derecho al sufragio”, afirmó.
Demoras en las Elecciones 2026
Las denuncias y citaciones se enmarcan en un proceso electoral marcado por múltiples irregularidades. Entre ellas destacan la demora en la distribución del material electoral, fallas en sistemas tecnológicos y la no instalación de mesas en diversos distritos de Lima Metropolitana.
Los problemas logísticos afectaron directamente a miles de electores, especialmente en zonas como San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín y Pachacámac. En algunos casos, los locales de votación no llegaron a operar con normalidad, lo que obligó a extender la jornada electoral y habilitar nuevas fechas para garantizar el voto.
Además, se reportaron cuestionamientos sobre la capacidad de la empresa encargada del transporte de material, así como sobre la implementación de herramientas tecnológicas sin pruebas suficientes de estabilidad. Estas fallas generaron un efecto en cadena que impactó la organización del proceso.
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