El Poder Judicial congeló el proceso penal contra el expresidente Francisco Sagasti por presunto abuso de autoridad, por el retiro de generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en 2020. Así lo dispuso el juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley en la última audiencia del caso.
Checkley dispuso dejar sin efecto la resolución con la que se convocó a control de acusación contra Sagasti y los exministros del Interior Rubén Vargas y José Élice.
La decisión se basa en que el juez declaró fundada una excepción de improcedencia de acción de Vargas, es decir, considera que el hecho que se le imputa (firmar el pase al retiro de 19 generales PNP) no constituye el delito de abuso de autoridad. Por ello, dispuso archivar el proceso contra el extitular del Mininter.
La Fiscalía y la Procuraduría apelaron esa decisión, así que será la Sala Penal Permanente deberá determinar si, efectivamente, no hay delito en el pase masivo de oficiales en el gobierno de Sagasti. El control de acusación solo podrá reanudarse si es que la apelación es declarada fundada y se revoca el fallo de Checkley.
Por este caso, el Ministerio Público pide 3 años y 6 meses contra Sagasti y 2 años y 6 meses de prisión contra los exministros Rubén Vargas y José Élice.
Pases al retiro fueron legales
El juez supremo Juan Carlos Checkley archivó el proceso penal por presunto abuso de autoridad contra el exministro del Interior Rubén Vargas, al determinar que la decisión de pasar al retiro a un grupo de 18 generales de la PNP durante el gobierno de Francisco Sagasti se ajustó a lo dispuesto en la Ley de la PNP y la Constitución. Esta resolución, a la que accedió en exclusiva Infobae, significa que Vargas queda fuera del proceso judicial iniciado por una acusación del Congreso.
De acuerdo con el fallo, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos imputaba a Sagasti, Vargas y Élice el supuesto abuso de autoridad por el nombramiento de César Cervantes como comandante general de la PNP y por la decisión de cesar en situación de retiro a tres tenientes generales y 16 generales, lo que sumó un total de 19 oficiales.
Cervantes, quien al momento del nombramiento ocupaba el puesto 18 en el escalafón policial, podía ser designado para la jefatura de la PNP, pero tal decisión implicaba automáticamente el pase al retiro de los oficiales de mayor antigüedad que lo antecedían, tal como lo establece la normativa vigente.
El juez Checkley enfatizó que la medida se encuentra respaldada tanto por la Constitución del Perú, en sus artículos 167° y 168°, como por el Decreto Legislativo N° 1267, artículo 8°, que reconocen la atribución del presidente de la República para designar al comandante general de la PNP, incluso de manera excepcional y eligiendo a un oficial con menor antigüedad. Esta facultad presidencial, considerada como “atribución discrecional” según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, acarrea como consecuencia el retiro inmediato de los generales de mayor rango.
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