Junta de Fiscales Supremos realizará este lunes 23 de marzo la elección del nuevo fiscal de la Nación, reemplazo de Delia Espinoza

La Junta de Fiscales Supremos se reunirá este lunes 23 de marzo, a las 11:00 a. m., para elegir al nuevo fiscal de la Nación, en un proceso que definirá la conducción del Ministerio Público para los próximos años. La sesión ha sido convocada por el actual titular interino, Tomás Gálvez, tras la confirmación de la destitución de Delia Espinoza por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Espinoza había sido apartada del cargo en septiembre de 2025 y posteriormente inhabilitada por el Congreso en diciembre del mismo año. Sin embargo, se mantenía como fiscal de la Nación mientras no existiera una sanción firme. Con la ratificación de su destitución, se activó el mecanismo institucional para elegir a su reemplazo.

De acuerdo con la normativa vigente, el nuevo fiscal de la Nación será elegido por mayoría simple entre los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. Es decir, el candidato que obtenga al menos tres votos será designado para un periodo de tres años, con posibilidad de reelección por dos años adicionales.

Los integrantes de la Junta y los posibles candidatos

La elección recaerá en uno de los cinco fiscales supremos que integran actualmente la Junta: Tomás Gálvez, Patricia Benavides, Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos y Luis Arce.

En los últimos años, dentro de la Junta ha existido un acuerdo no formal para evitar reelecciones y permitir que todos sus miembros accedan al cargo al menos una vez. No obstante, este criterio podría ponerse a prueba en esta elección.

Entre los nombres que suenan con mayor fuerza figuran Tomás Gálvez y Juan Carlos Villena, quienes ya han ocupado el cargo de manera interina. También aparece Patricia Benavides, quien buscaría retornar al puesto tras su salida en 2023, que considera injusta.

Por su parte, Luis Arce logró reincorporarse recientemente al Ministerio Público luego de que el Poder Judicial anulara sanciones en su contra. En tanto, Zoraida Ávalos, quien ya fue fiscal de la Nación, también forma parte del grupo que participará en la votación.

Cambios recientes en el Ministerio Público

Durante el periodo de interinato de Tomás Gálvez, el Ministerio Público ha experimentado una serie de cambios relevantes. Entre ellos, la desactivación de cuatro equipos especiales, incluido el equipo Lava Jato, que investigaba casos emblemáticos de corrupción.

Además, se impulsó la elaboración de un proyecto para una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, en un intento por reestructurar el funcionamiento interno de la institución. Estas decisiones han generado debate sobre el rumbo que podría tomar la fiscalía bajo una nueva gestión.

La elección del próximo fiscal de la Nación será clave para definir si estas medidas se consolidan o si se produce un giro en la conducción institucional. Cabe señalar que en lo últimos meses, el Ministerio Público se ha enfrentado a funcionarios políticos por las investigaciones que realizan.

Cuestionamientos y denuncias marcan la elección

El proceso de elección no está libre de polémica. Varios de los posibles candidatos arrastran cuestionamientos y denuncias que han marcado su trayectoria reciente.

Tomás Gálvez ha sido vinculado al caso Los Cuellos Blancos del Puerto, aunque las denuncias constitucionales en su contra fueron archivadas por el Congreso. También se le ha relacionado con la presunta organización Los Gánsters de la Política, investigación que no prosperó en el Parlamento.

Luis Arce, por su parte, fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El proceso no llegó a juicio luego de que el Poder Judicial anulara lo actuado y el Congreso archivara la denuncia constitucional correspondiente.

Patricia Benavides enfrenta cuestionamientos por su gestión anterior. Fue destituida tras ser acusada de interferir en una investigación que involucraba a su hermana y de liderar una presunta organización criminal dentro del Ministerio Público, en el caso Valkiria.

En tanto, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos fueron denunciados constitucionalmente por no acatar una ley que devolvía a la Policía la investigación preliminar. Sin embargo, ambos casos no prosperaron en el Congreso.