
Dirigentes sociales y especialistas de distintas regiones del Perú alertaron en Lima sobre los efectos de la expansión del extractivismo, en medio de un aumento sostenido de la demanda global por minerales estratégicos como el cobre y el litio. El pronunciamiento se dio tras dos días de reuniones en las que participaron organizaciones nacionales e internacionales.
Durante el Encuentro Internacional “Extractivismo en reconfiguración: disputa geopolítica, minerales críticos y resistencias en América Latina”, realizado el 12 y 13 de marzo en la capital peruana, representantes de diversas regiones del país —como Cajamarca, Cusco, Puno, Piura y Áncash— junto a delegaciones de Chile, Argentina, Uruguay y Venezuela, analizaron el impacto de esta actividad en los territorios. El evento cerró con una declaración clara: “Somos territorios de paz”, en respuesta a un modelo que, según indicaron, intensifica conflictos y vulnera derechos.
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América Latina en la disputa por minerales críticos y el rol del Perú

El avance del extractivismo en América Latina está estrechamente ligado a la creciente demanda global de minerales estratégicos como el cobre, el litio y el oro. Estos recursos resultan clave para la transición energética, el desarrollo de tecnologías digitales e incluso la industria armamentista en un contexto de conflictos internacionales.
En ese mapa, Perú ocupa un lugar central. Junto con Chile, concentra una parte significativa de la extracción mundial de cobre, lo que lo posiciona como un actor clave en la cadena global de suministros. Sin embargo, desde el encuentro se hizo una precisión importante: no se trata de producción industrial, sino de extracción intensiva de recursos naturales destinados principalmente a la exportación, con escaso valor agregado local.
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Los participantes alertaron sobre una narrativa que se ha instalado en la región: la idea de que los países latinoamericanos son “indispensables” para el mundo por sus recursos. Según indicaron, este discurso —impulsado tanto por gobiernos como por sectores empresariales— fomenta una competencia entre naciones y consolida un modelo basado en la dependencia de materias primas.
En paralelo, se advirtió que esta nueva fase del extractivismo viene acompañada de una serie de riesgos: debilitamiento de las instituciones ambientales, flexibilización de normas para facilitar proyectos, expansión de economías ilegales vinculadas a la minería y criminalización de defensores ambientales. Estas dinámicas afectan principalmente a comunidades campesinas, indígenas y poblaciones rurales en regiones como Cajamarca, Cusco, Apurímac o Puno.
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Resistencias desde los territorios y alternativas al modelo extractivo

Frente a este escenario, el encuentro puso énfasis en las resistencias territoriales que vienen desarrollando diversas comunidades en el país y en la región. Lejos de limitarse a la oposición, estas iniciativas buscan construir alternativas concretas para la defensa del agua, la biodiversidad y los modos de vida locales.
Entre las principales estrategias destacadas figura el ordenamiento territorial comunitario, entendido como una herramienta clave para decidir el uso del suelo desde las propias poblaciones. A ello se suma la protección de cabeceras de cuenca y ecosistemas estratégicos, considerados fundamentales para garantizar el acceso al agua y la sostenibilidad ambiental.
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Otro eje relevante es el fortalecimiento de la vigilancia ambiental comunitaria, que permite a las comunidades monitorear directamente el impacto de actividades extractivas en sus territorios. Este proceso se complementa con la consolidación de organizaciones locales que buscan ejercer mayor control frente a proyectos mineros o energéticos.
Asimismo, se resaltó la importancia de impulsar modelos alternativos basados en conocimientos ancestrales y economías locales. La agricultura familiar, los sistemas productivos sostenibles y otras formas de desarrollo fueron planteadas como caminos para reducir la dependencia de actividades extractivas y fortalecer la autonomía de los pueblos.
Las organizaciones participantes también hicieron un llamado a cuestionar la visión de América Latina como un simple proveedor de materias primas. En su lugar, reivindicaron a la región como un territorio megadiverso, con una riqueza cultural, social y ambiental que debe ser protegida.
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El encuentro concluyó con una declaración pública en la que diversas organizaciones —como Red Muqui, CooperAcción, Derechos Humanos Sin Fronteras, entre otras— reafirmaron la necesidad de fortalecer la articulación regional frente a esta nueva fase del extractivismo. En un contexto de crecientes disputas geopolíticas, insistieron en que la defensa de los territorios, los derechos colectivos y la naturaleza es clave para el futuro de América Latina.
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