Perú expone a 10 millones de personas a metales pesados, pero asigna solo S/ 20 millones para su atención

El Perú es uno de los principales productores de minerales a nivel mundial, pero detrás de ese liderazgo se esconde una crisis sanitaria y ambiental de gran escala. Más de 10 millones de personas están expuestas a metales pesados, metaloides y sustancias tóxicas vinculadas a actividades extractivas, mientras que el Estado solo destinó S/ 20 millones en 2025 para atender esta problemática, una cifra que resulta mínima frente a la magnitud del daño.

En el escenario global, el Perú destaca como el segundo productor de zinc y el tercero de cobre y plata. Sin embargo, esta bonanza minera convive con una realidad alarmante: millones de personas viven en territorios contaminados por metales pesados, principalmente en zonas cercanas a actividades extractivas.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, más de 10 millones de personas están expuestas a estas sustancias tóxicas. Pese a ello, el presupuesto asignado para su atención resulta claramente insuficiente. En 2025, el Estado destinó apenas S/ 20 millones para enfrentar esta crisis, lo que equivale a cerca de dos soles por cada persona afectada.

Esta brecha es uno de los principales hallazgos del estudio “Mujeres en tiempos de transición energética: aproximación a los costos de salud de la exposición a metales pesados y metaloides y del trabajo de cuidados”, elaborado por Oxfam.

La transición energética y sus costos invisibles

El informe advierte que la creciente demanda de los llamados “minerales de la transición energética”, como el cobre, el zinc y el litio, se sostiene sobre territorios altamente contaminados y un sistema de salud con serias limitaciones para responder a los impactos de largo plazo.

Las enfermedades crónicas asociadas a la exposición a metales pesados generan distintos niveles de dependencia, lo que incrementa las necesidades de cuidado dentro de los hogares. Este trabajo recae de manera desproporcionada sobre las mujeres, especialmente en zonas rurales, profundizando desigualdades históricas.

Sobrecarga de cuidados y desigualdad de género

Según el estudio, la presencia de una persona totalmente dependiente en el hogar incrementa en 11 horas semanales el trabajo de cuidados no remunerado que realizan las mujeres. En el ámbito rural, esta carga alcanza un promedio de 55.6 horas semanales, superando ampliamente una jornada laboral estándar.

El tiempo que las mujeres rurales dedican al cuidado puede ser más del doble del que destinan los hombres, y cuando ellas son jefas de hogar, esta diferencia puede llegar a ser hasta cinco veces mayor. A esta sobrecarga se suman los costos económicos: los hogares con al menos una persona con enfermedad crónica gastan 2.5 veces más que aquellos sin esta condición.

Entre 2015 y 2023, estos hogares registraron un incremento del 50 % en su gasto anual, reflejando un deterioro progresivo de su situación económica.

Riesgos específicos para la salud de las mujeres

El informe también señala que la exposición a metales pesados tiene efectos diferenciados en las mujeres. Estas absorben mayores niveles de mercurio, lo que representa un riesgo grave durante el embarazo, con posibles consecuencias como abortos espontáneos y partos de alto riesgo.

Esta evidencia ha sido presentada por la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas (Planametox) y la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Salud Humana ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reforzando la necesidad de respuestas con enfoque de género.

“La transición energética no puede avanzar a costa de la salud, el tiempo y la vida de las mujeres”, advirtió Alejandra Alayza, directora país de Oxfam en Perú, al señalar la urgencia de garantizar atención integral, reparación a las comunidades afectadas y políticas públicas que enfrenten esta crisis con justicia social y económica.

Una respuesta estatal limitada frente a una crisis masiva

Oxfam concluye que la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente, fragmentada y con un presupuesto limitado, a pesar de la magnitud del problema. Aunque existen mecanismos como la Mesa Técnica de Salud Ambiental y un Plan Especial Multisectorial, la capacidad real de atención es reducida.

En 2023, el Estado solo logró atender al 10 % de la población expuesta a metales pesados, dejando a millones de personas sin diagnóstico, tratamiento ni seguimiento médico adecuado.

El informe plantea la necesidad urgente de una política pública integral que priorice la prevención, la atención y la reparación, con enfoques territorial, intercultural y de género. Esto incluye fortalecer la vigilancia ambiental, garantizar servicios de salud continuos, atender la salud mental de las personas afectadas y reconocer el impacto desproporcionado que esta crisis tiene sobre las mujeres y las comunidades rurales del país.