Mafias extraen oro en enormes cantidades en Perú y amplían economías ilegales que afectan ambiente y seguridad

El debate político rumbo a las elecciones generales de 2026 coloca numerosos temas sobre la mesa. Sin embargo, uno de los problemas que más impacto genera en la vida diaria del país todavía recibe poca atención en muchos planes de gobierno: la depredación de los recursos naturales y el avance de economías ilegales vinculadas a la extracción de oro, la tala y otras actividades ilícitas.

Perú posee una riqueza natural que figura entre las más diversas del planeta. Esta diversidad no solo define el paisaje del país, también representa recursos con valor económico y social. Especialistas advierten que el deterioro de estos recursos produce efectos directos en la economía, en la calidad ambiental y en la seguridad pública.

El debate sobre la protección del ambiente también se vincula con la seguridad ciudadana. Diversos estudios muestran que las redes ilegales que operan en la extracción de recursos naturales mantienen conexiones con estructuras criminales que sostienen otras actividades ilícitas.

Frente a ese panorama, expertos y analistas sostienen que el próximo gobierno deberá enfrentar un desafío complejo: reducir la expansión de economías ilegales que afectan ecosistemas, economías locales y la seguridad en distintas regiones del país.

La biodiversidad como capital natural

Perú reúne una diversidad biológica considerable. Bosques amazónicos, montañas, glaciares y miles de especies conforman un patrimonio natural que, según especialistas, también representa una fuente de ingresos para el país.

El decano de la Universidad Científica del Sur, Andrés Dulanto, en el análisis señala que “el Perú es único. No todos pueden decir que tienen una Amazonía exuberante, más de veinticinco mil especies de plantas, más de cuatro mil glaciares o cerca de tres mil variedades de papa que nacen en su territorio”.

Los ingresos derivados del uso responsable de los recursos naturales podrían financiar servicios públicos y proyectos de infraestructura. No obstante, expertos alertan que una parte de esa riqueza termina capturada por economías ilícitas.

Economías ilegales y violencia organizada

El avance de actividades ilegales como la minería sin control, la tala clandestina, el tráfico de fauna y el narcotráfico genera efectos ambientales y sociales.

Especialistas advierten que estas actividades no operan de forma aislada. Las economías ilícitas alimentan redes criminales con presencia en distintas regiones del país.

Un analista explica la relación entre estos delitos y la violencia. “Porque las economías ilegales son las que generan esas estructuras de violencia organizada que están detrás del sicariato, que están detrás de los asesinatos”.

Esta relación entre explotación ilegal de recursos y crimen organizado representa un desafío para el Estado. Las autoridades enfrentan redes con capacidad económica y presencia territorial amplia.

Oro extraído en grandes cantidades

La minería ilegal ocupa un lugar central dentro de estas economías. En varias regiones del país la extracción de oro crece de forma constante.

Zonas como Loreto, Cusco, Puno, San Martín, Madre de Dios o Huánuco registran actividad minera sin control en diferentes niveles. Según especialistas citados en el informe, la extracción anual de oro alcanza cifras elevadas.

Para analistas del sector ambiental, la expansión de esta actividad refleja fallas en los procesos de control y formalización.

Uno de los especialistas sostiene que el problema requiere una decisión clara. “Creo que en el tema de minería ilegal está clarísimo. Tenemos hace años una constante extensión del proceso de formalización. Entonces, lo que tenemos que hacer es parar y decir: hasta acá están los formales y lo demás son los ilegales”.

Otro experto coincide con esa posición y cuestiona el uso del término informal para ciertas operaciones. “Porque no se puede seguir considerando mineros informales aquellos que son ilegales y que degradan el ambiente”.

Planes de gobierno bajo evaluación

Perú cuenta con una política nacional del ambiente que plantea nueve objetivos vinculados con la protección de los ecosistemas y la gestión sostenible de los recursos.

Especialistas sostienen que ese marco debería ocupar un lugar central en las propuestas de los candidatos presidenciales. Sin embargo, el análisis de los planes de gobierno muestra vacíos en varios temas.

Un experto explica que muchas propuestas mencionan la minería ilegal, pero dejan de lado otros aspectos ambientales. “Eso es lo que tendría que estar viendo los candidatos. Sin embargo, revisamos sus planes de gobierno y hay serias falencias en muchos de ellos”.

Según el análisis, algunos documentos priorizan la minería ilegal, pero omiten asuntos como la calidad del aire o la gestión de residuos. “Algunos se enfocan solo, sí hablan del tema de minería ilegal casi todos, pero no se enfocan, por ejemplo, en temas de calidad de aire o calidad relacionada a los residuos sólidos”.

Los especialistas consideran que el problema requiere una estrategia integral que incluya protección ambiental, control de economías ilegales y políticas urbanas que refuercen la seguridad.