El presidente José María Balcázar respondió a la ola de violencia que atraviesa el país y reconoció que el gobierno afronta una crisis de inseguridad ciudadana agravada por crímenes de extorsionadores hacia transportistas. En conferencia de prensa, el jefe de Estado defendió la labor de su gabinete durante los primeros días de gestión y anunció la próxima presentación de un proyecto de ley que diferenciará la persecución penal entre bandas criminales locales y organizaciones criminales transnacionales.
En diálogo con la prensa, enfatizó que la problemática de la delincuencia requiere “una solución integral” que involucre al Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial. “Desde el inicio nos hemos comprometido a afrontar este problema de la inseguridad y hemos dicho que este es un problema de solución integral, para que esto se vea en conjunto”, sostuvo.
Precisó que, aunque la criminalidad organizada internacional representa una amenaza, la mayor parte de los delitos violentos reportados en los últimos meses proviene de bandas criminales locales dedicadas a la extorsión. “Hay una criminalidad muy alta y muy agresiva, pero en su porcentaje mayoritario está en las extorsiones, en las denominadas bandas, que no son la criminalidad organizada”, explicó.
El contexto social y político en el que se producen estas declaraciones es de alta sensibilidad. De acuerdo con el Informe de Evaluación Estratégica del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), la extorsión y el sicariato se consolidaron como los principales problemas de seguridad pública Las cifras oficiales indican que, solo entre enero y febrero, se registraron más de 2.000 denuncias de extorsión y más de 70 asesinatos de conductores de transporte público por negarse a pagar cupos.
En este escenario, Balcázar remarcó que el Ejecutivo prepara una propuesta legislativa para clarificar el tratamiento penal de las bandas criminales, que suelen carecer de la estructura, permanencia y sofisticación de las organizaciones transnacionales, pero que generan un alto volumen de delitos violentos.
“Estamos presentando la posibilidad de enviar al Congreso para rápidamente una legislación más apropiada para ambos niveles, tanto para la criminalidad organizada de carácter internacional y las bandas criminales que responden a un espacio local”, anunció el mandatario.
El plan del gobierno, formalizado en el Decreto Supremo N° 001-2026-IN, establece la coordinación intersectorial y la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028. Esta estrategia refuerza el patrullaje policial, la integración de sistemas de denuncia y vigilancia, y la intervención focalizada en zonas de alta incidencia delictiva como Lima Metropolitana, El Callao y Trujillo. Según datos oficiales, en los primeros 20 días de gestión de Balcázar se han realizado 801 operativos policiales, con la detención de 245 personas y la desarticulación de 47 bandas criminales.
El presidente subrayó que la distinción jurídica entre banda y organización criminal afecta directamente la capacidad del Estado para lograr condenas ejemplares. El artículo 317-B del Código Penal peruano define a la banda criminal como una agrupación de dos o más personas con fines delictivos de baja complejidad y menor permanencia, a diferencia de la organización criminal, regulada por el artículo 317, que exige estructura jerárquica, reparto de roles y fines empresariales ilícitos.
El mandatario justificó las limitaciones iniciales de su gestión por el escaso tiempo transcurrido desde que asumió el cargo. “Estamos apenas veinte días en gobierno y tenga la plena seguridad de que lo vamos a afrontar adecuadamente”, sentenció Balcázar.
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