La situación judicial del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, incorpora un nuevo elemento dentro de la investigación fiscal en su contra. El hallazgo de un pasaporte vigente durante una diligencia de allanamiento se convirtió en uno de los principales argumentos del Ministerio Público para solicitar una medida restrictiva.
El caso se desarrolla en medio de una investigación por presunta colusión agravada y omisión de funciones, en la que la Fiscalía sostiene la existencia de una estructura organizada orientada a favorecer intereses privados en contrataciones públicas. En ese contexto, las medidas de coerción personal buscan asegurar la permanencia del investigado dentro del territorio nacional mientras avanzan las diligencias.
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El pedido fiscal fue presentado ante el Poder Judicial, que fijó una audiencia para evaluar el impedimento de salida del país. La discusión gira en torno a la posibilidad de que Corvetto disponga de medios para abandonar el Perú, pese a acciones previas de colaboración con las autoridades.
Pasaporte incautado y argumento fiscal
El Ministerio Público fundamenta su solicitud en un hecho específico ocurrido durante el allanamiento a la vivienda de Corvetto. Según el requerimiento fiscal, en esa diligencia se encontró un pasaporte peruano vigente, con fecha de caducidad el 10 de agosto de 2026.
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El documento adquiere relevancia porque, días antes, el investigado entregó dos pasaportes a la Fiscalía: uno peruano y otro italiano. Pese a esa entrega, la incautación posterior genera dudas sobre la totalidad de los documentos de viaje que mantenía en su poder.
El requerimiento fiscal detalla: “20. Aunado a ello, si bien el investigado ha hecho entrega de dos pasaportes (de la República Peruana y de la República Italiana), debe precisarse que, en el marco de la diligencia de allanamiento, se incautó su pasaporte peruano con fecha de caducidad 10 de agosto de 2026, lo que evidencia que, al momento de la intervención, contaba con un documento de viaje formalmente vigente o potencialmente utilizable. En ese sentido, más allá de que la determinación sobre su validez para el tránsito internacional corresponda a la autoridad migratoria, lo cierto es que dicho documento constituye un medio idóneo para facilitar su salida del país”.
Este elemento refuerza la hipótesis fiscal sobre un eventual riesgo de fuga. La Fiscalía considera que la existencia de un pasaporte vigente configura una posibilidad concreta de abandonar el país, independientemente de evaluaciones posteriores de autoridades migratorias.
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Solicitud de impedimento de salida del país
El Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial de Lima formalizó el pedido de impedimento de salida del país por un periodo de 18 meses contra Piero Corvetto. La solicitud se enmarca dentro de la investigación en curso por presunta colusión agravada y omisión de funciones.
El Poder Judicial programó la audiencia para el jueves 30 de abril a las 11:00 de la mañana. En esa sesión se evaluarán los argumentos presentados por el Ministerio Público, así como los elementos de defensa que exponga el investigado.
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La medida busca garantizar la presencia de Corvetto durante el desarrollo del proceso, en una etapa en la que la Fiscalía profundiza la recolección de evidencias y la identificación de responsabilidades.
Estructura investigada por el Ministerio Público
La tesis fiscal describe la existencia de una presunta organización criminal con una estructura jerárquica y funciones diferenciadas. En la parte superior se ubica Piero Alessandro Corvetto, quien, según la hipótesis, mantiene vínculos directos con José Edilberto Samamé.
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El esquema plantea que Samamé se conecta con Juan Antonio Phang, lo que configura un eje central de coordinación. En un segundo nivel aparece Lilia Flores Bancho, identificada como un nexo relevante por su relación con William Martín García Velásquez y Hilda Elizabeth Otova.
Según el Ministerio Público, esta red operaba de manera articulada con el objetivo de favorecer a la empresa Servicios Galaga SAC en procesos de contratación pública. La Fiscalía sostiene que existía coordinación constante entre los integrantes para influir en decisiones administrativas.
Delitos atribuidos a Piero Corvetto
La investigación preliminar atribuye a Corvetto dos delitos: colusión agravada y omisión de funciones. En el primer caso, la Fiscalía sostiene que emitió lineamientos especiales para la contratación de bienes y servicios electorales bajo la Ley 32513.
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De acuerdo con la tesis fiscal, dichos lineamientos fueron utilizados por José Samamé para flexibilizar los términos de referencia en un proceso de selección, lo que habría favorecido a la empresa Gálaga SAC en la obtención de la buena pro.
Además, se cuestiona la designación de Samamé como gerente de Gestión Electoral en 2023, debido a una presunta falta de experiencia para el cargo. El fiscal Raúl Martínez también señala una supuesta concertación con Juan Alvarado Pfuyo, gerente general de Gálaga SAC, aunque el sustento se limita a los lineamientos emitidos y la designación mencionada.
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En cuanto a la omisión de funciones, la Fiscalía indica que Corvetto no garantizó la instalación de mesas de sufragio para 63 mil electores el 12 de abril, lo que impidió su participación en el proceso electoral. También se menciona el anuncio de que esos ciudadanos no recibirían sanción económica.
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