Extorsiones en Perú se disparan: por qué la Policía no puede identificar a quienes llaman para amenazar

Un chofer en el Callao fue asesinado por sicarios y, a los minutos, sus compañeros de trabajo recibieron un mensaje por WhatsApp de la banda criminal ‘Los Pirañas de Ventanilla’, que se atribuyó el ataque y advirtió que los homicidios continuarán si las empresas no pagan cupos.

La escena se repite a diario. No solo los transportistas son extorsionados vía WhatsApp; otros empresarios también advierten esta modalidad y, pese a que denuncian el hecho, las amenazas no se detienen y, en muchos casos, solo empeoran. Esta situación lleva a que el ciudadano se pregunte: si tengo un número de teléfono, ¿qué tan difícil es que la Policía pueda dar con el paradero de la persona que me está extorsionando?

El mismo cuestionamiento se hace la PNP: las empresas de telecomunicaciones deben dar la información de los dueños de la línea identificada. Sin embargo, este proceso es más complicado de lo que la mayoría imagina.

Privacidad del usuario y secreto de las comunicaciones

Nino Boggio, gerente central de Legal, Regulatorio y Relaciones Institucionales en Entel Perú, explicó que la empresa cuenta con la trazabilidad de la persona que compró y activó el chip, así como de quién fue el que se lo vendió.

Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué, pese a la insistencia de la ciudadanía, de algunos congresistas y de la PNP, no se puede capturar a los cabecillas de las organizaciones que están detrás de las extorsiones? La respuesta, según explica, es simple: el respeto al secreto de las telecomunicaciones.

Entel Perú —y cualquier otra empresa de telecomunicaciones— no puede entregar información ni siquiera al Ministerio Público sin que una autorización judicial lo ordene.

“Viene el Ministerio Público, su pedido está mal, no tiene la orden judicial. O sea, ni siquiera el Ministerio Público me lo puede pedir. Cuando me lo pide el Ministerio Público, tiene que acompañarlo con la orden judicial”, recordó.

En caso de que ocurra alguna emergencia y, por iniciativa propia, hablando hipotéticamente, la empresa decidiera revelar los datos y la información confidencial del titular de la línea, podría recibir una denuncia por vulnerar sus derechos. Así es, incluso si se trata de un delincuente.

“Yo tengo que proteger un derecho supremo, que es la confidencialidad y el secreto de las telecomunicaciones de mis usuarios. Imagínate que yo entregue la información hasta de un delincuente. Yo sé que es delincuente. Esos delincuentes, las organizaciones criminales, tienen defensa legal. Entonces, mañana me van a denunciar por haber vulnerado sus derechos”, comentó.

En ese sentido, Boggio indicó que existen diversas modificaciones legislativas que deben hacerse. Sin embargo, debido a los constantes cambios de ministros —especialmente en el sector Interior— y a la inestabilidad política que atraviesa el país, es difícil trabajar en iniciativas que realmente ayuden en la lucha contra la criminalidad.

¿Y la ley de geolocalización?

Un punto que ha pasado desapercibido, especialmente porque ya han pasado más de 10 años, es la ley de geolocalización que se implementó cuando José Luis Pérez Guadalupe era ministro del Interior.

Esta norma, aprobada en 2015, tenía como objetivo combatir la inseguridad ciudadana y otorgar una herramienta legal que permitiera a la Policía Nacional actuar con mayor eficiencia. Para ello, regulaba el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

Es decir, las comisarías deberían tener acceso a bases de datos con información de los titulares de líneas telefónicas. Sin embargo, según explicó Boggio, esto no aplica a todos los clientes, sino únicamente a quienes estén involucrados en una investigación.

Entonces, si esta herramienta ya existe en el marco legal, ¿por qué aún no se alcanzan los resultados esperados?